La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) ha acogido con satisfacción la aprobación, por parte de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, del informe promovido por la eurodiputada Carmen Crespo para revisar el Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo occidental. La propuesta ha obtenido el respaldo de 21 eurodiputados, frente a cuatro votos en contra y ninguna abstención, y plantea modificaciones en el actual modelo de gestión de las pesquerías, entre ellas el establecimiento de una media mínima de 180 días de actividad pesquera al año por embarcación.
La organización considera que el resultado de la votación responde a las reivindicaciones que el sector viene trasladando desde hace años a las instituciones europeas para modificar una normativa que, según sostiene, ha condicionado la actividad de la flota y su viabilidad económica. FAAPE confía ahora en que el Pleno del Parlamento Europeo respalde el informe durante el próximo mes de noviembre, antes de que las instituciones comunitarias aborden una eventual modificación del reglamento.
El presidente de FAAPE, José María Gallart, ha valorado favorablemente el resultado de la votación y ha agradecido el trabajo desarrollado por Carmen Crespo y su equipo para trasladar las demandas de los pescadores andaluces al ámbito comunitario.
«Es una noticia muy positiva porque responde a lo que llevamos años pidiendo desde el sector. Agradecemos sinceramente a Carmen Crespo y a su equipo el trabajo realizado y su implicación para conseguir que nuestras reivindicaciones sean escuchadas en Europa», ha manifestado Gallart.
Entre las modificaciones recogidas en el informe figura la revisión del artículo 4.3 del reglamento, que FAAPE considera necesaria para evitar que las posibilidades de pesca del conjunto de la flota queden condicionadas por la situación de la especie más vulnerable. La federación sostiene que este mecanismo afecta especialmente a las pesquerías mixtas del Mediterráneo, en las que una misma actividad extractiva comprende diferentes especies sometidas a medidas de gestión y conservación.
La propuesta también contempla una mayor flexibilidad en la regulación de estas pesquerías, de manera que las decisiones sobre las posibilidades de captura y los periodos de actividad puedan tener en cuenta las particularidades de cada modalidad pesquera y la información científica disponible.
Otra de las medidas que ha recibido el respaldo de la organización es el establecimiento de una media mínima de 180 días de pesca anuales por embarcación, una reivindicación del sector para disponer de un marco de actividad que permita planificar las operaciones y mantener la rentabilidad de las empresas.
FAAPE considera que las limitaciones de jornadas aplicadas durante los últimos años han dificultado la organización del trabajo de la flota mediterránea y han tenido consecuencias sobre la actividad de las empresas pesqueras y los empleos vinculados a ellas.
La federación también valora la propuesta de modificar el tratamiento regulatorio de la gamba roja para eliminar lo que considera una doble regulación de esta pesquería. El planteamiento defendido por la organización consiste en mantener su gestión mediante días de pesca, evitando la superposición de mecanismos que, según el sector, dificultan la planificación de la actividad.
El informe incorpora igualmente la petición de que los criterios socioeconómicos formen parte de las decisiones comunitarias sobre gestión pesquera, junto con las evaluaciones científicas relativas al estado de los recursos marinos. Para FAAPE, esta combinación permitiría tener en cuenta las consecuencias de las restricciones sobre el empleo, las empresas y las localidades costeras cuya actividad económica depende de la pesca.
La organización recuerda que la flota mediterránea ha realizado durante los últimos años inversiones destinadas a mejorar la selectividad de las artes, modernizar las embarcaciones e incorporar soluciones tecnológicas relacionadas con la sostenibilidad de la actividad. A su juicio, los esfuerzos realizados por los pescadores deben ser considerados en las futuras revisiones del marco normativo.
En este sentido, FAAPE reclama que las decisiones sobre las posibilidades de pesca se fundamenten en informes científicos actualizados y contemplen también su repercusión sobre la estructura económica y social del sector.
Pese al respaldo obtenido en la Comisión de Pesca, la aprobación del informe no supone por sí misma una modificación del reglamento vigente. El documento forma parte de un procedimiento de iniciativa propia del Parlamento Europeo y deberá someterse al pronunciamiento del Pleno, previsto para noviembre. Una eventual reforma normativa requeriría posteriormente la intervención de las instituciones europeas competentes.
La federación es consciente de que el proceso institucional continúa abierto y sitúa la próxima votación parlamentaria como una de las etapas necesarias para que las propuestas del sector puedan trasladarse a una modificación efectiva de las reglas actuales.
«Tenemos la esperanza de que en noviembre el Pleno del Parlamento Europeo apruebe este informe y que ese respaldo sirva para que el Consejo y la Comisión Europea den los pasos necesarios para modificar el Reglamento», ha explicado Gallart.
La organización insiste en que su posición no plantea abandonar los objetivos de conservación de los recursos pesqueros del Mediterráneo, sino modificar los mecanismos de gestión para hacer compatibles las medidas ambientales con el mantenimiento de la actividad económica.
«Lo que pedimos es poder seguir trabajando, con reglas razonables que reconozcan el esfuerzo realizado por nuestros pescadores y que permitan mantener vivos nuestros puertos y nuestras empresas», ha señalado el presidente de FAAPE.
La federación mantiene entre sus principales reivindicaciones la revisión de los límites de actividad, la adaptación de las medidas a las características de las pesquerías mixtas y la consideración de las consecuencias socioeconómicas de las decisiones comunitarias. Estas demandas forman parte de la posición que el sector pesquero andaluz espera ver recogida en la futura tramitación europea de la reforma del Plan Plurianual del Mediterráneo.
