La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) ha reelegido por unanimidad a José María Gallart García como presidente de la organización para los próximos cuatro años. Esta decisión, adoptada durante la celebración de su última Junta General, da continuidad a la representación de los armadores regionales ante la administración autonómica, el Gobierno central y las instituciones de la Unión Europea. La renovación de los cargos directivos coincide con un periodo en el que el sector pesquero andaluz hace frente a regulaciones y ajustes presupuestarios en el ámbito comunitario.
La Junta General ha ratificado también como vicepresidentes de las zonas atlántica y mediterránea a Alonso Abreu Lozano y Pedro Hernández Sáez, respectivamente, incorporando además en los órganos de gestión a representantes de cada una de las entidades asociadas a la federación. José María Gallart García, vinculado al asociacionismo del sector desde el año 1978 y presidente de la entidad desde 2020, compagina este cargo con la vicepresidencia segunda de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), un factor que vincula la actividad de la organización autonómica con las decisiones del sector a nivel nacional.
Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma española en importancia para la actividad pesquera, aportando una flota de 1.397 embarcaciones, cifra que equivale al 16,24% del total nacional. Este tejido productivo genera empleo para 14.721 personas en la región, de las cuales 5.311 desarrollan sus funciones profesionales directamente a bordo de los buques, lo que representa el 17,1% de los tripulantes en España. Las capturas medias anuales de la flota andaluza se sitúan en el entorno de las 52.000 toneladas de pescados y mariscos, una producción que da sustento económico a más de 17.000 familias a través de las 15 asociaciones afiliadas que operan desde el Golfo de Cádiz hasta el litoral mediterráneo.
El encuentro ha contado con la participación de Javier Garat, secretario general de Cepesca, quien ha expuesto los expedientes normativos que se tramitan de forma prioritaria en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Entre los asuntos analizados, el sector identifica como el elemento más adverso la propuesta del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, cuyo borrador actual contempla una reducción del 67% en los fondos económicos destinados de forma específica a la actividad pesquera. De acuerdo con las valoraciones técnicas de los representantes de las empresas armadoras, una disminución de los recursos de esta envergadura afectaría de manera directa a los programas de modernización y renovación de la flota, a la financiación de las paradas temporales de la actividad biológica y a los planes de sostenibilidad ambiental desarrollados por los profesionales en la región.
