El sector pesquero español ha solicitado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una revisión profunda del Plan Plurianual para las poblaciones demersales del Mediterráneo Occidental. Esta petición, trasladada de manera conjunta por la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), responde a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la aplicación de esta normativa europea durante los últimos seis años. Según los datos aportados por las organizaciones sectoriales, el actual marco regulatorio ha determinado una reducción superior al 40% en las posibilidades de pesca de la flota y una disminución de más del 50% en los puestos de trabajo directos vinculados a esta actividad extractiva.
El vicepresidente de Cepesca y presidente de FAAPE, José María Gallart, ha expuesto en Bruselas la situación en la que se encuentran las comunidades pesqueras del litoral mediterráneo. La argumentación técnica de la flota sostiene que las restricciones vigentes comprometen de forma directa la viabilidad de las empresas familiares y condicionan el desarrollo económico de los municipios costeros que dependen de este segmento productivo estratégico.
Las organizaciones profesionales han señalado que la gestión del plan regulador se ha centrado de forma mayoritaria en criterios de sostenibilidad ambiental, omitiendo los factores económicos y sociales que la propia Política Pesquera Común establece como necesarios para garantizar el equilibrio de la actividad. En este sentido, el representante del sector ha cuestionado la metodología científica empleada por las instituciones comunitarias para determinar las limitaciones de las capturas. La postura de la flota defiende que organismos nacionales de investigación, tales como el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) o el Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), disponen de registros y series de datos más actualizados y ajustados a la situación real de los caladeros, los cuales no han sido incorporados en los procesos de toma de decisiones de la Comisión Europea.
El documento presentado ante los eurodiputados detalla que las medidas restrictivas afectan a especies de alto valor comercial en las lonjas, como el bacalao, la merluza, el salmonete o la gamba roja. El sector denuncia que la regulación no se adapta a las características particulares del mar Mediterráneo, caracterizado por ser una pesquería mixta y multiespecífica. Las críticas técnicas se centran en que la gestión del esfuerzo pesquero se ha condicionado en exceso a la situación biológica de una única especie, la merluza, lo que genera una paralización indirecta sobre el conjunto de las capturas posibles de la flota de arrastre.
