Los ayuntamientos de La Línea de la Concepción y San Roque han anunciado nuevas actuaciones administrativas, institucionales y judiciales para intentar impedir la puesta en funcionamiento del fondeadero exterior del Puerto de Algeciras, después de que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) haya autorizado la delimitación de las dos áreas de espera previstas frente al litoral mediterráneo del Campo de Gibraltar, con capacidad conjunta para un máximo de once buques.
Los alcaldes de ambos municipios, Juan Franco y Juan Carlos Ruiz Boix, han comparecido este martes, 10 de noviembre, para trasladar su rechazo a la iniciativa de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), al considerar que su implantación podría tener consecuencias sobre la actividad turística, los caladeros de pesca, la biodiversidad marina y el paisaje litoral. Las dos administraciones estudian coordinar sus actuaciones ante los organismos competentes.
La oposición municipal se produce un día después de que el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, comunicara al Consejo de Administración de la institución la autorización concedida por Marina Mercante. La resolución todavía no permite la entrada en funcionamiento del fondeadero, ya que quedan pendientes su publicación oficial, la aprobación de las condiciones adicionales de seguridad marítima por parte de la Capitanía Marítima de Algeciras y la disponibilidad de los medios correspondientes de Salvamento Marítimo.
En La Línea, Juan Franco ha anunciado que los servicios jurídicos municipales preparan actuaciones por la vía contencioso-administrativa, que se plantearán una vez se publique oficialmente el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. El alcalde considera que la ubicación de las nuevas zonas de espera, en las inmediaciones de La Alcaidesa, puede afectar a uno de los espacios con mayor proyección turística de la localidad y a la actividad pesquera desarrollada en su litoral.
El regidor ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una posición contraria al proyecto desde su anterior tramitación. En abril de 2024, el Consistorio remitió alegaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de la Marina Mercante, en las que advertía de posibles efectos sobre los fondos marinos, la fauna, el paisaje y las actividades económicas vinculadas a la costa. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una proposición de rechazo respaldada por los tres grupos políticos de la Corporación.
Franco ha calificado la decisión de "atropello" y ha cuestionado que el municipio deba asumir las posibles consecuencias de una nueva actividad portuaria frente a su litoral sin recibir contraprestaciones. El alcalde ha señalado que La Línea no se opone al desarrollo del Puerto de Algeciras, aunque considera que las decisiones relacionadas con su actividad deben tener en cuenta las repercusiones sobre los municipios próximos.
El Ayuntamiento linense también solicitará formalmente su incorporación al Consejo de Administración de la APBA, con voz y voto. Juan Franco ha argumentado que el municipio soporta la influencia de la actividad portuaria en su frente marítimo de Poniente y podría verse afectado por la presencia de buques en espera frente al litoral de Levante, pese a no contar actualmente con representación municipal directa en el órgano de gobierno portuario.
En el ámbito institucional, el equipo de gobierno prevé presentar mociones de rechazo en los próximos plenos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y de la Diputación de Cádiz. En su comparecencia, Franco estuvo acompañado por los tenientes de alcalde Juan Macías y Javier Vidal, que ocupan vicepresidencias en ambas administraciones, respectivamente.
El alcalde también ha relacionado la autorización del fondeadero con las demandas de infraestructuras pendientes en el municipio, especialmente la conexión ferroviaria de La Línea. A su juicio, la respuesta de la Administración central a las necesidades de comunicación terrestre de la ciudad contrasta con la tramitación de esta iniciativa portuaria.
El Consistorio tiene previsto mantener reuniones con representantes del sector pesquero local y contactos con el Gobierno de Gibraltar para examinar las posibles afecciones sobre la pesca artesanal. Franco ha mostrado igualmente su disposición a establecer una estrategia conjunta con el Ayuntamiento de San Roque para coordinar las actuaciones jurídicas e institucionales.
Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que solicitará a la Autoridad Portuaria información actualizada sobre la ocupación de los cuatro fondeaderos interiores de la Bahía de Algeciras, denominados A, B, C y D, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 y al primer semestre de 2026.
El regidor pretende comprobar si la demanda actual de espacios de fondeo justifica la creación de nuevas zonas exteriores. Según ha explicado, la documentación utilizada en anteriores fases del proyecto incluía datos y previsiones de 2007 que situaban la ocupación por debajo del 60%, unas referencias que considera necesario actualizar.
Ruiz Boix ha argumentado que las características del tráfico marítimo han cambiado durante las últimas décadas, especialmente por la incorporación de grandes portacontenedores que, según ha señalado, realizan sus operaciones directamente en las terminales sin necesidad de permanecer previamente fondeados.
El alcalde ha cuestionado asimismo las restricciones operativas contempladas en la autorización. El nuevo fondeadero estará reservado exclusivamente a buques que deban esperar su entrada al Puerto de Algeciras, por lo que no se permitirán operaciones de suministro de combustible, reparaciones u otras actividades comerciales.
No obstante, Ruiz Boix ha expresado sus dudas sobre el cumplimiento de estas limitaciones y ha advertido de la posibilidad de que se realicen operaciones de limpieza u otras actividades que puedan generar vertidos. Se trata de riesgos planteados por el Ayuntamiento, no de efectos acreditados de una instalación que todavía no está operativa.
El responsable municipal también considera necesario estudiar las posibles consecuencias del fondeo sobre los ecosistemas marinos, incluidos los efectos sobre los fondos, la calidad de las aguas y los caladeros utilizados por la flota pesquera. Entre sus preocupaciones ha mencionado la eventual introducción de especies exóticas y las consecuencias que determinadas operaciones de los buques podrían tener sobre la biodiversidad.
En relación con la actividad económica, Ruiz Boix ha defendido la compatibilidad que, según ha expuesto, mantiene San Roque desde hace seis décadas entre sus instalaciones industriales y portuarias y el desarrollo turístico y deportivo del municipio. En este contexto, ha señalado que la presencia de grandes buques frente a sectores del litoral como Sotogrande y La Alcaidesa podría tener repercusiones paisajísticas y sobre los establecimientos turísticos.
El alcalde ha recordado que la Corporación municipal también manifestó por unanimidad su oposición al proyecto y ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trasladando sus objeciones a las administraciones competentes durante los trámites que permanecen pendientes.
La autorización concedida por Marina Mercante contempla que las dos áreas exteriores, situadas frente al litoral comprendido entre La Alcaidesa y el entorno de Manilva, tengan capacidad para un máximo de once buques. Su utilización estará condicionada a la autorización previa de la Capitanía Marítima de Algeciras y al cumplimiento de las normas e instrucciones de seguridad que establezca este organismo.
El régimen previsto también limita la utilización del fondeadero durante la temporada turística estival, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, salvo autorización excepcional por razones de seguridad marítima.
La Autoridad Portuaria sostiene que la implantación de estas áreas permitirá ordenar las esperas de los buques que se dirigen al Puerto de Algeciras, reducir las situaciones de navegación a baja velocidad mientras aguardan instrucciones y mejorar la coordinación del tráfico marítimo en las proximidades del Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho de Gibraltar.
La APBA también considera que la nueva delimitación contribuirá a disminuir los riesgos asociados a la concentración de buques en determinadas zonas de navegación y a facilitar la gestión de las entradas y salidas del puerto. El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones empresariales de la comunidad portuaria, entre ellas la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA), que ha venido reclamando nuevas superficies de fondeo durante los últimos años.
