La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concedido un plazo de tres meses a Adif para que informe de las medidas adoptadas o previstas con el fin de liberar capacidad en las vías de apartado de las terminales de mercancías. El requerimiento consta en una resolución del regulador fechada el pasado 20 de julio y consultada por Europa Press.
El expediente arranca de una denuncia presentada el 28 de enero por la empresa privada Low Cost Rail (LCR), en la que alertaba de presuntas prácticas discriminatorias y de una supuesta falta de transparencia por parte del gestor público de la infraestructura tras la cancelación de varias operaciones de maniobras previamente programadas en la terminal de Córdoba Mercancías.
Tras la instrucción del procedimiento, la CNMC ha acreditado hasta tres denegaciones de capacidad para maniobras a LCR en esa terminal andaluza. Aunque las operaciones pudieron finalmente ejecutarse, provocaron retrasos significativos y la pérdida de surcos ferroviarios, con los consiguientes costes adicionales en material rodante y personal para la compañía.
El regulador descarta la existencia de un trato explícitamente discriminatorio contra el operador por parte de Adif. La resolución incide, no obstante, en que no resulta conforme al marco regulatorio que material no vinculado al ciclo productivo o en desuso mantenga ocupadas hasta siete vías en la terminal de Córdoba, limitando y retrasando así a los trenes que sí tienen surco asignado.
Para resolver este cuello de botella y garantizar la eficiencia del transporte ferroviario de mercancías, la CNMC urge al administrador a generar incentivos suficientes para que los propietarios retiren de forma prioritaria el material que no esté operando de las terminales saturadas.
Entre las herramientas sugeridas por Competencia para forzar el desalojo de esas vías de formación y maniobras figuran la revisión de los cánones por utilización de las vías de apartado y la introducción de nuevos criterios en la declaración sobre la red que penalicen la acumulación prolongada de vagones inactivos. La declaración sobre la red es el documento anual mediante el cual Adif fija las condiciones de acceso y uso de la infraestructura ferroviaria por parte de las empresas ferroviarias, así como los precios aplicables por los distintos servicios.
Las vías de apartado son las utilizadas para el estacionamiento temporal de material rodante, la formación de composiciones y las maniobras previas a la circulación. Su ocupación prolongada por vagones o locomotoras fuera de servicio reduce la capacidad efectiva de la terminal y provoca demoras en las operaciones del resto de operadores, un problema recurrente en el transporte ferroviario español desde la apertura del sector a la competencia.
Low Cost Rail es una de las empresas ferroviarias privadas que operan en el mercado de mercancías tras la liberalización del sector. La CNMC actúa en este ámbito como regulador independiente, con competencias para supervisar el acceso equitativo a la infraestructura por parte de los distintos operadores y para resolver los conflictos que puedan surgir entre estos y el administrador de la red.
Un surco ferroviario es la capacidad horaria asignada a un tren para circular por un tramo determinado de la red en una franja concreta. La pérdida de un surco por retrasos en las maniobras previas obliga al operador a solicitar uno nuevo, con el consiguiente perjuicio económico y operativo, especialmente en corredores de alta demanda.
La resolución adoptada por la Sala de Supervisión Regulatoria pone fin a la vía administrativa. Adif dispone por tanto de un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en caso de disconformidad con el requerimiento formulado por el regulador.
Adif, como administrador de infraestructuras ferroviarias, es responsable de la gestión y el mantenimiento de la red convencional y de las terminales logísticas asociadas. La empresa pública organiza el uso de esas instalaciones entre las distintas compañías ferroviarias mediante la adjudicación de surcos y de capacidad para maniobras, y publica anualmente las reglas y precios que se aplican a esos servicios.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC concentra las competencias del regulador en los sectores de transporte, energía y comunicaciones electrónicas. Sus resoluciones sobre acceso a la infraestructura ferroviaria son vinculantes para el gestor público, sin perjuicio de la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa que la resolución reconoce a Adif.
