La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en segunda fase la operación de concentración económica mediante la cual Balearia adquiere determinados activos de Naviera Armas en el entorno del Mar de Alborán. Esta aprobación estatal no posee un carácter definitivo, ya que ha quedado subordinada al cumplimiento estricto de una serie de compromisos voluntarios aportados por la empresa compradora y a condiciones adicionales establecidas de oficio por el propio organismo regulador. La resolución definitiva ha sido trasladada al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, departamento que determinará si traslada el expediente al Consejo de Ministros para su posterior evaluación bajo criterios de interés general ajenos a la estricta competencia de mercado.
El análisis pormenorizado de la transacción ha determinado que la adquisición tiene un impacto directo en el mercado del transporte marítimo regular de pasajeros, así como en el tráfico de carga rodada, concretamente en los enlaces que conectan el sur de la Península Ibérica con la ciudad autónoma de Melilla y en la línea internacional entre Almería y Nador. Tras una investigación exhaustiva en el segundo periodo de evaluación, la CNMC ha determinado que los compromisos iniciales presentados por Balearia resultaban insuficientes para mitigar la totalidad de los riesgos competitivos identificados en la zona de operaciones.
En el caso específico de las conexiones entre la Península y Melilla, la salida de Naviera Armas de este mercado geográfico provoca la instauración de un régimen de monopolio de facto en el segmento del transporte marítimo regular de carga rodada y de pasaje. El tráfico de viajeros en esta ruta se encuentra sujeto al cumplimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP). No obstante, el organismo supervisor ha detectado que, sin la aplicación de medidas correctoras, la nueva estructura del mercado generaría incentivos para reducir las frecuencias de los trayectos menos rentables y disminuir los niveles de calidad del servicio que actualmente se sitúan por encima de las exigencias mínimas del marco regulatorio estatal.
Asimismo, la CNMC ha apuntado el riesgo latente de un incremento generalizado en las tarifas de los billetes, principalmente durante las temporadas vacacionales y los periodos de alta demanda, fases del año en las que no entran en vigor los precios máximos decretados por las Obligaciones de Servicio Público. Este riesgo de encarecimiento se traslada de igual modo al transporte de mercancías y carga rodada, una actividad comercial que opera de manera permanente fuera del régimen regulado de las OSP. La desaparición de uno de los dos operadores históricos en este entorno marítimo elimina la concurrencia competitiva en los futuros procesos de licitación pública para la adjudicación de los contratos de conectividad de la ciudad autónoma.
