La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía de sacar a licitación la contratación del servicio de vigilancia en los puertos gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). El sindicato, mayoritario en el Comité Intercentros de este organismo, considera que la externalización supondría trasladar a empresas privadas funciones que actualmente desempeña el personal público de la Policía Portuaria, además de comprometer el mantenimiento del empleo y aumentar el coste de la prestación del servicio.
En un comunicado, CSIF ha cuestionado que la Administración autonómica recurra a personal de empresas privadas para desarrollar tareas relacionadas con la vigilancia y el control de los recintos portuarios. La organización sindical sostiene que estas funciones corresponden a los profesionales de la Policía Portuaria, que cuentan con atribuciones específicas en materia de supervisión de las instalaciones y cumplimiento de la normativa aplicable.
Según explica el sindicato, los agentes de la Policía Portuaria son los profesionales facultados para formular denuncias y levantar actas ante posibles incumplimientos de la regulación portuaria. Por este motivo, considera que la contratación de personal externo para determinadas tareas de vigilancia plantea dudas sobre el alcance de sus competencias y las garantías con las que se prestarían estos servicios.
CSIF advierte de que la sustitución de personal público por trabajadores de empresas adjudicatarias podría afectar al ejercicio de determinadas funciones de control dentro de los recintos portuarios. A su juicio, el personal contratado por compañías privadas no dispone de las mismas atribuciones administrativas que los empleados públicos encargados actualmente de estas labores.
La organización también ha criticado el procedimiento seguido por la Junta de Andalucía para adoptar esta decisión. Según denuncia, la Administración ha iniciado el proceso de externalización sin informar previamente a los representantes de los trabajadores ni abordar con ellos las consecuencias laborales y organizativas de la medida.
En este contexto, representantes de CSIF han mantenido recientemente una reunión con la dirección de la APPA para trasladarle su oposición a la contratación externa. Durante el encuentro, el sindicato ha advertido de que la adjudicación del servicio a una empresa privada supondría, en su opinión, una modificación sustancial de la naturaleza de las funciones que actualmente desarrolla el personal de la Administración.
La central sindical considera que el cambio afectaría tanto al régimen laboral de quienes prestan el servicio como a las responsabilidades asociadas a la vigilancia de instalaciones y actividades portuarias. En particular, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que trabajadores externos asuman tareas en espacios donde existen riesgos específicos relacionados con la actividad marítima y portuaria.
CSIF sostiene que el carácter público de estas funciones está vinculado a un régimen de competencias y responsabilidades diferente al de las empresas privadas. En este sentido, señala que, ante posibles incidentes durante la prestación del servicio, las obligaciones laborales y empresariales correspondientes al personal contratado recaerían sobre la compañía adjudicataria, conforme a la normativa vigente.
Otro de los aspectos cuestionados por el sindicato es el futuro de la categoría profesional de Policía Portuaria en los puertos de competencia autonómica. CSIF teme que la contratación externa termine por provocar la desaparición de esta categoría dentro de la estructura de personal de la APPA, al trasladarse progresivamente sus funciones a trabajadores ajenos a la Administración.
La organización vincula esta situación con los problemas de personal que, según sus datos, arrastra actualmente la agencia pública. CSIF cifra en un 30% el déficit estructural de plantilla de la APPA, una carencia que asegura haber denunciado en numerosas ocasiones y que forma parte de las reivindicaciones laborales planteadas durante los últimos meses.
El sindicato recuerda que ha convocado distintas concentraciones para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la agencia y la negociación de un nuevo convenio colectivo. En este contexto, considera que la externalización de servicios supondría una reducción de las posibilidades de consolidar plantillas públicas estables y especializadas.
CSIF también cuestiona la justificación económica de la contratación privada. Según los cálculos realizados por la propia organización, la adjudicación del servicio de vigilancia a una empresa externa supondría un incremento aproximado del 25% respecto al coste de su prestación directa por parte de la Administración.
La central sindical sostiene que esta diferencia económica contradice cualquier posible argumento de ahorro presupuestario asociado a la externalización. En su comunicado, afirma que la medida «no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario».
Asimismo, critica que la Junta de Andalucía destine recursos públicos a contratar un servicio que, según señala, viene siendo desarrollado desde hace años por trabajadores de la Policía Portuaria. Para CSIF, la alternativa debería pasar por atender las necesidades de personal existentes y mantener la prestación directa de estas funciones.
Las objeciones planteadas por la organización sindical abarcan, por tanto, tanto el ámbito laboral como el económico y el relacionado con las competencias administrativas. CSIF mantiene su oposición al proceso de licitación y reclama que se preserve el carácter público de las funciones de vigilancia y control que actualmente desempeña la Policía Portuaria en las instalaciones gestionadas por la APPA.
