El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) ha expresado su preocupación por las disfunciones que está generando la aplicación del Reglamento (CE) nº 1005/2008 contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), tras la modificación de su gestión informática efectiva desde el pasado 10 de enero de 2026.
Según el organismo que representa a los profesionales aduaneros españoles, el modo en que se está implementando el nuevo sistema de control y certificación de las importaciones de productos de la pesca está provocando retrasos generalizados en puertos y aeropuertos, con la consiguiente inmovilización de mercancías, muchas de ellas altamente perecederas. Estas demoras están teniendo un impacto económico directo sobre importadores, operadores logísticos y representantes aduaneros, además de comprometer la eficiencia de la cadena de suministro.
El CGAA precisa que el problema no reside en el objetivo del reglamento, cuyos fines son plenamente compartidos por el sector, sino en su aplicación práctica. La actual carga administrativa resulta excesiva y desproporcionada, con duplicidades documentales, reiteración de información ya disponible para la Administración y una falta de interoperabilidad efectiva entre los sistemas informáticos utilizados. Todo ello genera una situación de inseguridad jurídica para los operadores.
El Consejo General advierte asimismo de que estas deficiencias afectan también a los funcionarios encargados de aplicar la normativa, que se enfrentan a un volumen de trabajo creciente sin disponer de herramientas plenamente operativas ni de bases de datos actualizadas, lo que incrementa el riesgo de retrasos, errores administrativos y disfunciones en el servicio público.
