La Diputación de Cádiz y los ayuntamientos integrados en el Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora han acordado solicitar una mayor implicación económica de las administraciones estatal y autonómica para hacer frente a los efectos de la expansión de la Rugulopteryx okamurae en el litoral de la provincia.
Representantes de la institución provincial, encabezados por el vicepresidente segundo y diputado de Transición Ecológica, Javier Vidal, y responsables de los municipios afectados se han reunido en Cádiz para analizar la incidencia registrada durante la temporada estival y plantear nuevas actuaciones relacionadas con la retirada y gestión de los arribazones.
La Diputación ha destinado durante los últimos cinco años 1,8 millones de euros en subvenciones dirigidas a ayudar a los municipios a sufragar los gastos derivados de la retirada del alga. La institución provincial señala que no dispone de competencias directas sobre esta materia, aunque viene habilitando estas partidas ante los costes que afrontan los ayuntamientos en labores de limpieza y mantenimiento de las playas.
“Queremos escuchar a los municipios para saber cómo han afrontado el verano en cuanto a la llegada y gestión de arribazones, pero también queremos dar el paso de solicitar formalmente a las administraciones superiores la movilización de recursos económicos para hacer frente a esta invasión”, ha señalado Vidal.
La presencia de esta especie comenzó a generar problemas en áreas concretas del Estrecho de Gibraltar en 2019. En aquel momento, Algeciras, La Línea de la Concepción y Tarifa figuraban entre los municipios afectados. Desde entonces, su distribución se ha extendido por otros puntos del litoral gaditano hasta alcanzar Rota, mientras su presencia empieza también a detectarse en los fondos marinos de la Costa Noroeste de la provincia.
Los datos aportados por los ayuntamientos durante la reunión sitúan a Rota como el municipio que mayor volumen ha retirado en lo que va de año, con 10.000 toneladas. Tarifa contabiliza 3.000 toneladas; Cádiz, 1.379 toneladas, y La Línea de la Concepción, 550 toneladas.
En el caso de Algeciras, los arribazones retirados ascienden a unas 300 toneladas, mientras que Chiclana ha contabilizado 250 toneladas y Conil, 40 toneladas.
La normativa vigente atribuye a los ayuntamientos la retirada de este material de las playas. Los representantes municipales trasladaron durante la reunión las dificultades económicas y operativas asociadas a estas tareas, que en determinados casos requieren contrataciones extraordinarias, alquiler de maquinaria y un incremento de los recursos destinados a los servicios de limpieza.
Ante esta situación, el Grupo de Trabajo ha acordado remitir una solicitud formal al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para reclamar una mayor aportación económica. La Diputación considera que la dimensión alcanzada por el fenómeno supera las posibilidades presupuestarias de los municipios afectados. El Pleno de la Corporación provincial ya aprobó en julio una propuesta en este sentido.
La petición también incluirá la incorporación de la Diputación de Cádiz, en representación de los municipios afectados, al grupo de trabajo específico sobre Rugulopteryx okamurae constituido a nivel nacional.
Los asistentes acordaron asimismo estudiar posibles alternativas para el aprovechamiento de esta materia orgánica, siempre que resulten viables desde los puntos de vista técnico y económico. Esta línea de trabajo pretende explorar usos vinculados a la economía circular que puedan contribuir a compensar parte de los costes derivados de la retirada del alga.
El Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora está integrado en el Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, promovido por la Diputación de Cádiz en 2019 para coordinar estrategias comunes de adaptación al cambio climático entre los municipios del litoral provincial.
