Andalucía ha reclamado que el futuro de la pesca europea tenga en cuenta la realidad económica y social del sector, especialmente en las zonas costeras donde esta actividad constituye un elemento esencial para el empleo, la actividad empresarial y la cohesión territorial. La Junta ha trasladado esta posición en el Consejo Consultivo de Agricultura y Política Pesquera, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como reunión preparatoria del Consejo Agrifish que se celebrará la próxima semana en Luxemburgo.
El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en el encuentro en representación de Andalucía y también de las comunidades autónomas. Durante la reunión se han tratado tres asuntos que condicionarán los próximos años de la actividad pesquera en la Unión Europea: las orientaciones para las posibilidades de pesca de 2027, la evaluación de la Política Pesquera Común y el futuro marco de financiación europea para la pesca y la acuicultura.
Fernández-Pacheco ha defendido que las decisiones comunitarias deben reconocer el esfuerzo que la flota andaluza viene realizando durante los últimos años para adaptarse a los criterios de sostenibilidad exigidos por la Unión Europea. El consejero ha señalado que el sector necesita contar con días suficientes de actividad y con recursos adecuados para mantener su viabilidad, en un contexto marcado por restricciones crecientes, costes elevados y episodios meteorológicos que han reducido las jornadas de faena.
La situación del Mediterráneo andaluz ha centrado buena parte de las reivindicaciones planteadas por la Junta. El Gobierno andaluz considera que la aplicación del Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental debe compatibilizar la protección de los recursos pesqueros con la continuidad de las empresas y los empleos vinculados a la actividad extractiva. Para la Administración autonómica, la sostenibilidad ambiental no puede desligarse de la sostenibilidad económica y social de la flota.
Andalucía ha solicitado que las futuras propuestas sobre posibilidades de pesca para 2027 incorporen las circunstancias extraordinarias que han afectado al sector en los últimos años. Entre ellas figuran el aumento de los costes energéticos, la reducción de márgenes de rentabilidad y los días de amarre provocados por temporales, factores que han incidido directamente en la actividad de los pescadores y en la capacidad económica de las empresas.
Fernández-Pacheco ha reclamado que 2027 suponga un cambio de criterio para la flota mediterránea, al considerar que el sector atraviesa una situación especialmente compleja. El consejero ha reiterado la disposición de la Junta a colaborar con el Gobierno central en la defensa de los intereses pesqueros andaluces ante las instituciones europeas, siempre que la posición común atienda las necesidades de la comunidad autónoma y de sus puertos pesqueros.
La financiación europea de la pesca ha sido otro de los asuntos centrales del Consejo Consultivo. Andalucía ha expresado su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea de integrar la pesca y la acuicultura en un gran fondo multisectorial a partir de 2028, lo que supondría la desaparición del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura como instrumento financiero independiente.
La Junta considera que una política común europea debe contar con una financiación común garantizada y suficiente. Según ha señalado Fernández-Pacheco, dejar en manos de cada Estado miembro la posibilidad de completar esos recursos podría generar diferencias entre territorios y una aplicación desigual de las políticas pesqueras en la Unión Europea.
El Gobierno andaluz defiende que el nuevo marco financiero plurianual disponga de recursos adecuados para modernizar la flota, adaptar infraestructuras portuarias y pesqueras, y compensar las paradas temporales derivadas de las exigencias de sostenibilidad. Para la Junta, estos fondos resultan necesarios para que las empresas puedan asumir los cambios normativos y operativos sin perder competitividad ni capacidad de actividad.
La posición andaluza también incide en la necesidad de que la Política Pesquera Común sea evaluada desde una perspectiva territorial. La Junta sostiene que las medidas europeas deben aplicarse teniendo en cuenta las diferencias entre flotas, caladeros, artes de pesca y condiciones socioeconómicas de las comunidades costeras. En el caso andaluz, esta realidad afecta tanto al Mediterráneo como al Golfo de Cádiz, con puertos pesqueros que mantienen una relación directa con la economía local.
Además de los asuntos pesqueros, Andalucía ha trasladado en el Consejo Consultivo su posición en materia agrícola. La Junta ha defendido una Política Agraria Común con presupuesto suficiente y adaptada a las características de los territorios, así como su preocupación por la situación de sectores como el arroz y la remolacha, afectados por la competencia de productos procedentes de terceros países.
