Desde que se conformase el Gobierno de Mariano Rajoy, se conocía que una de las reformas prioritarias que tenía que afrontar era la del sector de la estiba, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en diciembre de 2014.
Ya desde primeros de año se empezaron a intensificar las conversaciones entre los sindicatos, patronal y el propio ejecutivo, aunque éste siempre dejando al resto de las partes que tomaran la iniciativa. Sin embargo, cuando hubo que dar un paso al frente, el Ministerio de Fomento dejó clara su intención de recoger todas las exigencias de Europa en un Real Decreto Ley que contó con el rechazo desde el minuto uno por parte de los trabajadores, que veían peligrar sus puestos, además de temer por un cambio significativo en sus condiciones, ganadas a pulso tras décadas de lucha.
A partir de ese momento, se inicia una corriente de unión, compañerismo y lucha que contó con el respaldo de buena parte de la comarca, con colectivos mostrando su solidaridad, y también de fuera de ella, con innumerables muestras de apoyo llegadas desde todas las partes del mundo. La celebración de la asamblea del sindicato internacional IDC, la posterior concentración en las instalaciones portuarias y la multitudinaria manifestación en la céntrica Plaza Alta algecireña fueron sólo algunos ejemplos del rechazo que se ofreció a la postura del Gobierno, que, sin embargo, vio cómo la fuerza de 6.000 portuarios del país echaron para atrás un Decreto como no ocurría en 39 años.
Sin embargo, casi un mes más tarde, el 12 de abril, tras modificarse parte de los planes de De la Serna y los suyos, sí que se aprobó un Decreto Ley, esta vez no tan severo para los trabajadores, aunque tampoco dejaba satisfechos a éstos, que tenían que vérselas desde ese momento con la patronal Anesco.
