El Gobierno ha autorizado una aportación estatal de 4,25 millones de euros anuales a la Autoridad Portuaria de Ceuta durante los ejercicios comprendidos entre 2027 y 2031, ambos incluidos. La medida supone una dotación acumulada de 21,25 millones de euros durante los próximos cinco años y da continuidad al régimen específico de financiación establecido para el puerto ceutí en 2022.
La financiación queda recogida en el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, el artículo 33 autoriza las aportaciones para mantener la medida E2.M08 del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Ceuta.
Los fondos tendrán carácter estructural y podrán destinarse tanto a cubrir gastos de la Autoridad Portuaria como a financiar actuaciones contempladas en su Plan de Inversiones. La aportación será además compatible con otras fuentes de financiación procedentes de la Administración General del Estado, la Unión Europea u otras administraciones públicas.
El régimen de apoyo económico al Puerto de Ceuta comenzó con el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado por el Gobierno en octubre de 2022. Aquella planificación incorporó un nuevo marco institucional y financiero específico para esta infraestructura, con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado entre 2023 y 2026.
La Autoridad Portuaria recibió dos millones de euros correspondientes al ejercicio 2023 y 4,25 millones anuales durante 2024, 2025 y 2026. En conjunto, estas transferencias representaron 14,75 millones de euros durante ese primer periodo. La aportación correspondiente a 2026 ya ha sido desembolsada, según recoge el Real Decreto-ley.
El Gobierno justifica la continuidad de este sistema por las características particulares del Puerto de Ceuta dentro del sistema portuario estatal. El texto señala que su área de influencia está limitada fundamentalmente a la propia ciudad autónoma y que dispone de una extensión reducida y de escasas zonas industriales y agrícolas capaces de generar tráficos portuarios.
La actividad del enclave está vinculada principalmente al abastecimiento de la población y al transporte de pasajeros y vehículos, incluido el movimiento asociado a la Operación Paso del Estrecho. El Real Decreto-ley señala también que la capacidad de generación de recursos de la Autoridad Portuaria se encuentra condicionada por el incremento de sus necesidades operativas y por la evolución de determinados tráficos relacionados con la OPE.
Las nuevas aportaciones podrán financiar trabajos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras portuarias, actuaciones medioambientales y medidas de seguridad y protección. Entre las necesidades citadas por el Gobierno figuran la adecuación de espacios destinados a los controles durante el embarque de vehículos, la prevención de la presencia de polizones, el control de intrusiones y la habilitación de zonas para la coordinación entre las distintas administraciones y entidades que intervienen en la gestión de los movimientos migratorios.
El Ejecutivo vincula estas necesidades a la condición fronteriza de Ceuta y al impacto que las tareas de control y seguridad tienen sobre los gastos y las inversiones de su Autoridad Portuaria.
La medida forma parte del paquete aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de septiembre para la ciudad autónoma. La referencia oficial del Gobierno ya contemplaba la prolongación hasta 2031 de la aportación anual destinada al puerto, posteriormente concretada en el Real Decreto-ley publicado en el BOE.
