La Audiencia Nacional ha ordenado que no se ejecute, de momento, la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que autoriza la utilización temporal de unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo de acogida destinado a los migrantes llegados a la ciudad autónoma a finales de julio.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión mientras resuelve la medida cautelar urgente solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que presentó un recurso para reclamar la paralización inmediata del proyecto.
Según la providencia, la Audiencia Nacional comunica al Ministerio que, “hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas”.
Antes de pronunciarse sobre la petición del sindicato, los magistrados han requerido además al Ministerio de Transportes para que remita por vía telemática y “con la mayor urgencia” la resolución que autoriza la ocupación del espacio portuario y el resto de documentación incorporada al expediente administrativo. La documentación debía ser enviada antes de las 12.00 horas de este miércoles.
La resolución recurrida fue firmada el sábado 5 de septiembre por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y autoriza al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a utilizar temporalmente el espacio portuario, de unos 16.000 metros cuadrados, al menos hasta final de año.
La finalidad de la autorización es habilitar un dispositivo temporal de acogida con capacidad aproximada para 1.000 personas. El espacio contemplaba la instalación de carpas, zonas de descanso y enfermería para atender a los migrantes que permanecen en Ceuta tras las llegadas registradas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión por la vía contencioso-administrativa y solicitó medidas cautelares urgentes para detener la instalación y puesta en funcionamiento del dispositivo hasta que, según su petición, queden acreditadas las condiciones de compatibilidad con la actividad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.
El SUP sostiene que existen alternativas para atender a estas personas fuera del espacio previsto en el puerto y ha planteado, entre otras posibilidades, “la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.
“No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad”, señaló el sindicato al comunicar la presentación de su recurso.
La organización policial también ha hecho referencia a los incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta para reclamar una evaluación previa de los riesgos relacionados con incendios, evacuaciones y actuaciones ante posibles emergencias.
Según el SUP, estas evaluaciones deben tener en cuenta tanto a las personas que sean acogidas en el dispositivo como a los usuarios y trabajadores del Puerto de Ceuta y a los agentes policiales que puedan tener que intervenir.
El sindicato solicitó asimismo que, en caso de que parte de las instalaciones ya estuvieran colocadas, se paralizase cualquier ampliación y no se trasladase a nuevas personas hasta que se resolviesen las cuestiones planteadas.
Además de las medidas relacionadas directamente con el dispositivo portuario, el SUP ha reclamado refuerzos policiales estables, especialmente en las áreas de Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana. También ha pedido la actualización de las plantillas y del catálogo de puestos de trabajo, así como compensaciones económicas para los agentes que están prestando servicio durante esta situación.
La utilización del espacio portuario también había generado oposición en Ceuta. El Gobierno de la ciudad calificó la decisión de “un grave error”, mientras que el consejo de administración del Puerto de Ceuta y los sindicatos se opusieron a la medida por once votos frente a cuatro.
El Gobierno justificó la autorización por la existencia de “razones de interés general de especial relevancia” relacionadas con la protección de la Seguridad Nacional, la seguridad pública, la atención a las personas afectadas y la estabilidad económica y social de Ceuta.
Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, también emitió un informe sobre la utilización temporal de estos terrenos. En el documento advirtió de que la ocupación proyectada puede incrementar determinados riesgos relacionados con la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y la operativa portuaria.
El mismo informe consideró, no obstante, que concurren razones de interés general que justifican la autorización, condicionada a la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, la protección y el funcionamiento normal del puerto.
La orden de la Audiencia Nacional mantiene ahora sin ejecución la resolución ministerial mientras la Sala estudia la medida cautelar urgente solicitada por el Sindicato Unificado de Policía.
