La aplicación de las medidas derivadas del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar ha generado una alarma generalizada entre los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar. El colectivo denuncia que las nuevas directrices operativas vinculadas a los regímenes de tránsito T1GI y T2GI, instrumentadas a través del Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS), están imponiendo una carga financiera y una asunción de responsabilidades sin precedentes para las agencias aduaneras de Algeciras y La Línea de la Concepción.
El nuevo sistema obliga a los operadores a constituir importantes garantías financieras para responder de posibles deudas aduaneras y fiscales derivadas de las operaciones comerciales con Gibraltar. Los agentes de aduanas consideran que estos riesgos económicos son desproporcionados y ajenos a su función como representantes técnicos de las empresas importadoras y exportadoras, y recuerdan que no son entidades financieras ni aseguradoras, sino profesionales especializados en la gestión de formalidades aduaneras.
La situación se ve agravada por el desequilibrio de la balanza comercial entre la Unión Europea y Gibraltar. Las exportaciones terrestres desde territorio comunitario hacia el Peñón superan anualmente los 1.500 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Gibraltar representan una fracción mínima de ese volumen. Como consecuencia, la práctica totalidad de las nuevas obligaciones recae sobre los operadores españoles, y en particular sobre las pequeñas y medianas agencias aduaneras radicadas en La Línea de la Concepción y Algeciras.
El sector estima que el volumen global de avales y garantías que las empresas deberán mantener supera ampliamente los 400 millones de euros, una cifra que consideran inasumible para muchas compañías. Más allá del impacto financiero, los operadores advierten de un retroceso en la gestión de los flujos comerciales: las nuevas exigencias sustituyen procedimientos ágiles y consolidados por una operativa más compleja, burocrática y rígida, que incrementa los tiempos de gestión y multiplica el riesgo de incidencias y retrasos en frontera.
Los agentes de aduanas sostienen que la responsabilidad de constituir las garantías vinculadas a las operaciones comerciales debería corresponder a los propietarios o importadores de las mercancías, y no a los representantes aduaneros que actúan por cuenta de terceros. A su juicio, la interpretación actualmente aplicada traslada de forma desproporcionada los riesgos de la operación a quienes únicamente ejercen funciones de intermediación y representación. El colectivo señala además que el Acuerdo traslada a empresas y profesionales privados responsabilidades de control y lucha contra el fraude aduanero y fiscal que, conforme al derecho comunitario y nacional, corresponden a la Aduana y a la Guardia Civil.
Si no se introducen medidas correctoras con carácter urgente, el sector advierte de que a partir del 15 de julio existe un riesgo real de bloqueo en los flujos comerciales, especialmente en las exportaciones desde la Unión Europea hacia Gibraltar. Las consecuencias, según el colectivo, serían el encarecimiento del abastecimiento diario del Peñón, un grave deterioro del tejido logístico del Campo de Gibraltar y la destrucción de empleo cualificado en el sector aduanero andaluz.
Ante esta situación, los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar exigen que el Ministerio de Hacienda flexibilice la imposición de garantías y responsabilidades, así como la dispensa global del precintado aduanero de vehículos y mercancías. El colectivo solicita asimismo la apertura inmediata de una mesa de diálogo técnico con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda para revisar el régimen de garantías exigido, buscar soluciones proporcionadas y preservar la competitividad de un sector que consideran estratégico para la economía de la comarca y para el abastecimiento del Peñón.
Los profesionales aduaneros reiteran su compromiso con el correcto funcionamiento de los nuevos procedimientos, pero reclaman que su aplicación se ajuste a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y realidad económica, de modo que la búsqueda de mayores controles no comprometa la viabilidad de quienes hacen posible el comercio transfronterizo en la frontera sur de la Unión Europea.
