La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) ha reiterado su compromiso con los objetivos del Clean Industrial Deal (CID), que será debatido en sesión plenaria del Parlamento Europeo el próximo 18 de junio. Los gestores portuarios consideran que la propuesta de la Comisión Europea, presentada en febrero, supone una oportunidad para alinear la descarbonización de la industria con el mantenimiento de la competitividad europea. Sin embargo, han advertido que su aplicación requiere resolver carencias estructurales que afectan directamente a los puertos.
En un documento de posición publicado esta semana, la ESPO ha subrayado que los puertos europeos están preparados para asumir un papel activo en la transformación industrial, pero insisten en que esta implicación debe ir acompañada de un marco regulador y financiero que facilite su desarrollo. La organización ha acogido con satisfacción la Resolución del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) adoptada el pasado 3 de junio, que incorpora muchas de sus preocupaciones, como la necesidad de acelerar los procesos de autorización y mejorar el acceso a infraestructuras energéticas.
Entre los principales obstáculos identificados, la ESPO ha situado la escasez de espacio disponible en los recintos portuarios. Las nuevas energías —como el hidrógeno o los combustibles renovables— requieren mayores superficies para su almacenamiento, conversión y distribución, en comparación con los combustibles fósiles. Esta demanda adicional de terreno se ve agravada por la creciente implantación de parques eólicos marinos, cuya construcción y mantenimiento también necesita instalaciones portuarias de gran envergadura.
Por otro lado, los procedimientos de autorización continúan siendo largos, complejos y poco previsibles, lo que ralentiza o incluso bloquea proyectos clave para la transición energética. En este sentido, la ESPO ha propuesto que las zonas portuarias sean reconocidas como “valles de aceleración neta cero” al amparo del Reglamento sobre la Industria Cero Neto. Esta clasificación permitiría aplicar procedimientos más ágiles, con ventanillas únicas y criterios de interés público prioritario.
