El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la descarbonización y eficiencia en el transporte de mercancías, una medida enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por los fondos NextGenerationEU. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto inicial de 17 millones de euros, que podría aumentar en hasta 70 millones de euros adicionales dependiendo de la demanda y la disponibilidad presupuestaria, lo que conforma un total de 87 millones de euros.
Las ayudas están disponibles para empresas públicas y privadas con actividad en transporte o infraestructuras, que podrán presentar sus solicitudes durante los próximos 25 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto implica que el plazo para presentar la documentación concluirá el próximo 2 de diciembre de 2024. Las solicitudes deberán formalizarse a través de la sede electrónica del MITMA.
La convocatoria estructura sus ayudas en cinco líneas de actuación: interoperabilidad ferroviaria; intermodalidad; transporte por carretera seguro, sostenible y conectado; sostenibilidad del transporte marítimo; y digitalización del transporte. Dentro de estas líneas, se incluyen ocho medidas subvencionables, orientadas a impulsar la innovación y sostenibilidad del sector logístico. Entre las actuaciones posibles destacan el desarrollo de locomotoras con eje de ancho variable, que faciliten la interoperabilidad ferroviaria, la construcción de terminales intermodales que integren el transporte ferrocarril-carretera y la fabricación de pavimentos sostenibles. Asimismo, se prevé el despliegue de combustibles alternativos en puertos y carreteras dirigidos a vehículos pesados, la creación de áreas de estacionamiento seguras y protegidas para transportistas y la digitalización de los servicios de transporte de mercancías, lo que contribuirá a una mayor eficiencia operativa.
Cada proyecto será evaluado en función de criterios de impacto, calidad, madurez y relevancia. Los beneficiarios podrán recibir entre un 30% y un 50% del coste total de los proyectos, que deberán estar implementados a más tardar el 31 de marzo de 2026.
