La empresa pública, dependiente del Ministerio de Fomento, SASEMAR, es la encargada, hasta ahora, de gestionar los 1,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima que corresponden a España, según los convenios internacionales. Para ello, cuenta con una flota de embarcaciones y remolcadores bajo bandera española y un colectivo de casi 1500 trabajadores, responsables de mantener salvaguardados a la gente del mar e inmigrantes las 24 horas de los 365 días del año.
Días atrás, desde la FSC-CCOO se mostraba públicamente la oposición del sindicato a cualquier «intento oculto» que pueda existir en cuanto a la privatización del servicio de Salvamento Marítimo en España. Y es que la finalización en 2018 del actual Plan Nacional de Salvamento y la entrada en vigor en 2019 de la Ley sobre Régimen Jurídico del Sector Público y la situación de «varada» que sufren los trabajadores provenientes de la extinguida Sociedad Estatal de Remolques Marítimos, S.A están dejando indicios claros y preocupantes sobre el escaso compromiso del Ministerio de Fomento por el mantenimiento público de la totalidad de Salvamento Marítimo en España. Al menos, así lo expone el PSOE en una pregunta parlamentaria lanzada al Gobierno, al que pide explicaciones sobre las previsiones que tiene el Ministerio de Fomento respecto al mantenimiento público de la totalidad del Salvamento Marítimo en España.
El diputado socialista, Salvador de la Encina, cuestiona al Ejecutivo sobre la inexistencia aún de iniciativa alguna por parte de la Dirección de SASEMAR y de Ministerio de Fomento en cuanto al aseguramiento de la titularidad pública de la flota de SASEMAR mediante la regularización de la situación laboral del personal proveniente de la Sociedad Estatal Remolques Marítimos S.A, que desarrollan sus funciones con la máxima profesionalidad y rigor durante décadas.
¿Por qué aún no se ha aplicado convocatoria externa de reposición de trabajadores de la flota a la oferta de empleo público asignada a SASEMAR?, pregunta al diputado, quien le pide al Gobierno que aclare si es partidario y puede comprometerse a seguir defendiendo el salvamento marítimo como empresa pública garante para la salvaguarda de la vida humana en el mar.
