La Abogacía del Estado ha trasladado a la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico un informe sobre las competencias entre Administraciones por el caso de la desembocadura del río Guadiaro y los problemas de índole medioambiental que periódicamente se suceden en su estuario por cerrarse y no haber flujo de agua. En dicho informe, la Abogacía ratifica que es la Junta de Andalucía la competente en actuar en dicho estuario en caso de considerar que se produce o hubiera riesgo de problema medioambiental y de cara a la protección de la fauna piscícola.
El informe considera que aperturar la desembocadura no es competencia estatal “puesto que no se trata de una obra de interés general que persiga restablecer las características de la zona protegida como consecuencia de una alteración artificial o acontecida por un suceso extraordinario”, sino que se trata de proteger la fauna piscícola amenazada “por una evolución natural de las aguas y de las corrientes marinas y fluviales”.
Además, afirma que la protección de las especies situadas en las zonas incluidas en la Red Natura 2000 situadas en Andalucía “corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía, salvo aquellas situadas en zonas exclusivamente marinas”, que no es este caso, “al encontrarse en una zona fluvial”.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha señalado a raíz de este informe y en respuesta a la denuncia interpuesta contra el Gobierno central, por parte del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que “ahora, con un informe de la Abogacía del Estado que dice con rotundidad y sin ningún género de dudas quién debe actuar en el estuario, a ver qué actitud mantiene Ruiz Boix, a quién exige responsabilidades y habrá que ver si será capaz de ponerse delante de los sanroqueños y pedir perdón por todo este tiempo perdido y que él sólo lo ha empleado en jugar con los intereses medioambientales de su municipio”.
