El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que se van presentar sendas denuncias penales, ante el Seprona y la Fiscalía, por el presunto delito ecológico cometido por el gobierno central, al negarse a abrir la bocana del rio Guadiaro, taponada de arena desde el pasado 1 de septiembre. Es la conclusión principal de la reunión mantenida por las tres administraciones con intereses en el rio: la subdelegación del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de San Roque.
El alcalde va a trasladar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la defensa de los intereses del municipio, para que emprenda acciones judiciales contra los responsables de los delitos medioambientales que se puedan ocasionar por el cierre del río Guadiaro.
Ruiz Boix ha acusado de hacer dejación de funciones al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz; al subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz, y también, al jefe de la Demarcación de Costas del Gobierno Central en la provincia de Cádiz, Patricio Poullet.
El alcalde sanroqueño espera “que no sea noticia en los próximos días, que una bancada de peces mueren en el río Guadiaro ante la desidia y la dejadez del Gobierno Central por asumir sus competencias”.
