La Asociación de Armadores Europeos (ECSA) ha solicitado al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea que tripliquen la reserva de derechos de emisión destinada a financiar la utilización de combustibles marítimos sostenibles y tecnologías de propulsión de bajas o nulas emisiones. La organización propone elevar de 110 a un mínimo de 330 millones de derechos de emisión los recursos previstos en el nuevo mecanismo Sustainable Maritime Alternative Propulsion (SMAP), incluido en la propuesta de revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS).
La petición se recoge en un estudio publicado este jueves, 15 de octubre, bajo el título Creating a market for sustainable maritime fuels and technologies: How can ETS revenues contribute?, en el que la asociación analiza las necesidades de financiación de la transición energética del transporte marítimo y el alcance del instrumento presentado por la Comisión Europea el pasado 17 de julio.
Según las estimaciones de ECSA, los 110 millones de derechos contemplados por Bruselas cubrirían únicamente un tercio de las necesidades calculadas para el periodo comprendido entre 2028 y 2040. La diferencia asciende a unos 220 millones de derechos de emisión adicionales, que la organización considera necesarios para facilitar la utilización de combustibles alternativos y la incorporación de tecnologías destinadas a reducir las emisiones de los buques.
El estudio parte de la contribución económica del transporte marítimo al sistema europeo de comercio de emisiones, que comenzó a aplicarse al sector el 1 de enero de 2024. Tras el periodo de incorporación progresiva establecido en la normativa, las compañías navieras deben entregar, a partir del ejercicio de emisiones de 2026, derechos equivalentes al 100% de las emisiones incluidas en el ámbito de aplicación del EU ETS.
ECSA calcula que el transporte marítimo representa aproximadamente el 10% de las emisiones cubiertas por el sistema, pero adquiere unos 90 millones de derechos anuales, una cantidad equivalente a casi el 20% de los derechos subastados. La asociación señala que, a diferencia de otros sectores industriales y de la aviación, el transporte marítimo no ha recibido asignaciones gratuitas de derechos de emisión.
Tomando como referencia un precio de 100 euros por derecho, la aportación anual del sector alcanzaría aproximadamente 9.000 millones de euros, de acuerdo con el escenario utilizado por ECSA. Esta cantidad constituye una estimación calculada a partir de las emisiones actuales y del precio de referencia empleado en el estudio, no una cifra fija de recaudación para todos los ejercicios.
La organización sostiene que una parte mayor de estos recursos debería destinarse a financiar la transformación energética del propio transporte marítimo, especialmente ante las diferencias de costes existentes entre los combustibles convencionales y las alternativas sostenibles.
Según los datos recogidos por ECSA, los combustibles marítimos sostenibles son, de media, cuatro veces más caros que los combustibles convencionales. A este diferencial se añaden los costes de adquisición, instalación y funcionamiento de nuevas tecnologías de propulsión y de los equipos destinados a mejorar el consumo energético de los buques.
El mecanismo SMAP, propuesto por la Comisión Europea dentro de la revisión del EU ETS, está concebido para compensar parcialmente estas diferencias económicas mediante la asignación de derechos de emisión a las navieras que utilicen combustibles elegibles o determinadas tecnologías de propulsión sin emisiones. No se trata de un programa de subvenciones monetarias directas, sino de un sistema de asignación de derechos cuyo valor económico permitiría cubrir una parte de los sobrecostes.
La propuesta legislativa establece diferentes porcentajes de cobertura en función del combustible o la tecnología utilizada. Para el biogás y los biocombustibles avanzados, contempla compensar el 55% de la diferencia de precio restante respecto a los combustibles fósiles. En el caso de los combustibles de origen renovable no biológico, la cobertura prevista alcanza el 90%, mientras que para el hidrógeno y los combustibles hipocarbónicos se sitúa en el 80%.
El mecanismo también contempla cubrir el 90% de los costes adicionales derivados de la implantación y utilización de tecnologías de propulsión de cero emisiones, en comparación con los sistemas convencionales y de acuerdo con las reducciones de emisiones obtenidas.
Estas compensaciones estarían sujetas a los requisitos de elegibilidad establecidos en la normativa y a la disponibilidad de derechos dentro de la reserva. Si las solicitudes correspondientes a un ejercicio superasen el volumen disponible, la propuesta prevé una reducción proporcional de las asignaciones para todas las compañías afectadas.
El estudio de ECSA advierte de que el volumen planteado por la Comisión equivale, distribuido uniformemente durante los trece años del periodo 2028-2040, a unos 8,5 millones de derechos anuales, menos del 10% de los aproximadamente 90 millones de derechos que el transporte marítimo debe entregar cada año según las estimaciones de la asociación.
Para determinar las necesidades del mecanismo, ECSA ha elaborado un modelo basado en una demanda energética anual estimada de 27,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo para el transporte marítimo comprendido en el ámbito considerado. El cálculo incorpora previsiones de utilización de combustibles sostenibles, diferencias de precio, costes tecnológicos y los objetivos establecidos en el Reglamento FuelEU Maritime.
El modelo utiliza también las previsiones de incorporación de combustibles alternativos recogidas en la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de revisión del EU ETS. A partir de estos parámetros, la asociación estima que serían necesarios al menos 330 millones de derechos de emisión hasta 2040, equivalentes a unos 33.000 millones de euros si se aplica el precio hipotético de 100 euros por derecho empleado en sus cálculos.
El propio estudio señala que las previsiones están sujetas a incertidumbres relacionadas con la evolución futura de los precios de los combustibles, la capacidad de producción, su utilización efectiva por las navieras y los costes de implantación de las tecnologías. También indica que algunos aspectos de la metodología de asignación del mecanismo todavía deben concretarse.
Además del incremento de la reserva, los armadores europeos solicitan ampliar el ámbito de las tecnologías que podrían recibir apoyo, incluyendo proyectos de eficiencia energética capaces de reducir el consumo de combustible y las emisiones de los buques existentes.
La asociación considera que el planteamiento de la Comisión mantiene una relación demasiado limitada de tecnologías elegibles y reclama que el mecanismo contemple las distintas soluciones que pueden contribuir a la reducción de emisiones, tanto en la flota operativa como en los nuevos buques.
El secretario general de ECSA, Sotiris Raptis, ha señalado que el transporte marítimo contribuye con cerca del 20% de los ingresos obtenidos mediante la subasta de derechos, pese a representar alrededor del 10% de las emisiones comprendidas en el sistema. También ha solicitado que el Parlamento Europeo y el Consejo amplíen la reserva prevista y permitan financiar proyectos de eficiencia energética y otras tecnologías de reducción de emisiones.
La propuesta de la Comisión establece asimismo requisitos relacionados con el origen de los combustibles y las tecnologías elegibles. Como regla general, contempla que se produzcan o fabriquen en la Unión Europea o en determinados terceros países que cumplan las condiciones previstas en el texto. También introduce excepciones para algunos servicios marítimos vinculados a corredores verdes con puertos extracomunitarios.
El proyecto legislativo incorpora incrementos de cinco puntos porcentuales en determinadas compensaciones para conexiones marítimas con islas, así como bonificaciones adicionales cuando se utilicen materias primas de determinados orígenes o se instalen tecnologías elegibles en astilleros de la Unión Europea.
Estas disposiciones forman parte de la propuesta COM(2026) 616 final, presentada por la Comisión Europea el 17 de julio de 2026, cuya tramitación corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo. La reserva de 110 millones de derechos y las condiciones del mecanismo SMAP están, por tanto, pendientes de su aprobación legislativa.
