La Comisión Europea ha adoptado dos estrategias específicas para las islas y las comunidades costeras de la Unión Europea, con las que establece por primera vez un enfoque coordinado para atender las necesidades de estos territorios, mejorar su capacidad de respuesta ante retos estructurales y aprovechar su potencial económico, social y ambiental a largo plazo.
Las iniciativas afectan a 17 millones de personas que viven en más de 4.000 islas habitadas repartidas en 16 Estados miembros y a 95 millones de ciudadanos que residen a lo largo de los 70.000 kilómetros de costa de la UE o en zonas costeras de 22 Estados miembros. La Comisión plantea un marco de actuación que integre economía, conectividad, energía, medio ambiente, demografía, servicios públicos y seguridad, con el fin de que las particularidades de estos territorios se tengan en cuenta en futuras políticas europeas.
La estrategia para las islas reconoce que estos territorios afrontan costes adicionales derivados de la insularidad, dificultades de conexión, mercados de menor tamaño, dependencia del turismo y de los combustibles fósiles, presión sobre la vivienda, escasez de agua, pérdida demográfica y acceso limitado a servicios esenciales. La Comisión señala que estos factores afectan tanto a la competitividad económica como a la calidad de vida de sus habitantes. El documento recuerda que las islas están reconocidas en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como regiones con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes.
La estrategia insular se estructura en cuatro grandes ámbitos de actuación. El primero se centra en el desarrollo económico, la conectividad, la competitividad y la innovación, con medidas orientadas a diversificar las economías locales, favorecer el emprendimiento, mejorar las conexiones marítimas, aéreas y digitales, y apoyar sectores como el turismo sostenible, la economía azul, la agricultura, la pesca y la digitalización. La Comisión también analizará el coste de la insularidad y las posibles medidas para reducirlo, especialmente en el transporte.
El segundo bloque aborda la seguridad energética, la protección ambiental y la resiliencia climática. La Comisión prevé prolongar la iniciativa Clean Energy for EU Islands durante el periodo 2027-2030, promover el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros y crear una plataforma voluntaria de operadores de redes insulares para trabajar en sistemas energéticos basados en renovables. También se plantea una mayor atención a la protección de ecosistemas marinos sensibles, la gestión del agua, los residuos y la adaptación a fenómenos como la erosión costera, la subida del nivel del mar o las sequías.
El tercer pilar se dirige a las comunidades, la demografía y la calidad de vida. La Comisión identifica como prioridades el acceso a vivienda asequible, educación, sanidad, conectividad digital, transporte y servicios públicos. Las islas afrontan en muchos casos envejecimiento de la población, salida de jóvenes y dificultades para atraer profesionales cualificados. En este ámbito, Bruselas prevé medidas relacionadas con la movilidad juvenil, la simplificación administrativa para facilitar vivienda sostenible y el apoyo a autoridades públicas en zonas sometidas a presión residencial.
El cuarto bloque está vinculado a la seguridad y la preparación ante crisis. La Comisión considera que muchas islas tienen un valor estratégico por su localización geográfica, su papel en la vigilancia de fronteras exteriores, la protección de infraestructuras críticas y la seguridad marítima. El documento menciona la importancia de puertos, aeropuertos, cables submarinos, redes energéticas y sistemas de comunicación, así como la necesidad de integrar las especificidades insulares en las estrategias nacionales de seguridad, migración y protección civil.
La segunda estrategia está dedicada a las comunidades costeras y plantea tres prioridades: prosperidad, resiliencia y habitabilidad. La Comisión parte de la diversidad de estos territorios, que incluyen desde pequeñas comunidades pesqueras hasta grandes ciudades portuarias e industriales. El objetivo es que las políticas europeas relacionadas con el mar, la cohesión, la energía, el clima, la investigación, el transporte y el medio ambiente operen bajo un marco común que permita adaptar las respuestas a cada realidad local.
En materia de prosperidad, Bruselas sitúa la economía azul sostenible como uno de los ejes de desarrollo para las zonas costeras. El documento incluye la pesca, la acuicultura, los puertos, el transporte marítimo, la construcción naval, la energía renovable marina, la biotecnología azul, el turismo costero y los servicios asociados a la observación oceánica. La Comisión cifra en unos 263.000 millones de euros anuales el valor añadido bruto generado directamente por la economía azul europea, aunque advierte de que algunos sectores siguen insuficientemente financiados.
La estrategia también contempla nuevos modelos de negocio vinculados al pescaturismo, las cadenas de valor locales, la acuicultura de bajo nivel trófico, la bioeconomía azul, los créditos de carbono azul y los servicios basados en datos oceánicos. En este ámbito, la iniciativa OceanEye tendrá un papel relevante al mejorar la observación del océano, la evaluación de riesgos climáticos, la detección de amenazas de seguridad marítima y el acceso a información útil para autoridades, empresas y comunidades locales.
En el plano ambiental, la Comisión identifica a las comunidades costeras como territorios especialmente expuestos al cambio climático, la pérdida de biodiversidad marina y costera, la contaminación, la erosión, las inundaciones, la intrusión salina y el deterioro de ecosistemas. El documento advierte de que, sin medidas de mitigación y adaptación, los daños anuales por inundaciones costeras en la UE podrían pasar de 1.250 millones de euros actuales a una horquilla de entre 93.000 y 961.000 millones de euros a finales de siglo.
Para mejorar la resiliencia, Bruselas plantea cartografiar inversiones para la adaptación costera junto al Banco Europeo de Inversiones, ampliar evaluaciones de riesgo, desarrollar capacidades técnicas en autoridades locales y extender la iniciativa CoastWAVE, destinada a sistemas de alerta y evaluación de amenazas en comunidades costeras. La Comisión también prevé incorporar con mayor intensidad la adaptación climática en la ordenación del espacio marítimo a través de la futura Ley Europea del Océano.
La estrategia costera incluye además medidas sobre vivienda asequible, cultura marítima, patrimonio local y calidad de vida. La Comisión reconoce que algunas zonas litorales afrontan presión turística, estacionalidad económica, falta de vivienda para residentes y trabajadores esenciales, y salida de población joven. Para responder a estas situaciones, Bruselas prepara una Ley de Vivienda Asequible y una plataforma paneuropea de inversión destinada a movilizar financiación para vivienda social y asequible.
Ambas estrategias se alinean con el Pacto Europeo por el Océano, presentado en 2025, y con políticas europeas de cohesión, acción climática, desarrollo sostenible, seguridad marítima y transición energética. Las regiones ultraperiféricas quedan fuera de estas propuestas, ya que contarán con una estrategia específica por su estatuto singular en virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Comisión invita a los Estados miembros a incorporar medidas específicas para islas y comunidades costeras en sus futuros planes nacionales y regionales, así como a utilizar instrumentos territoriales de inversión que permitan diseñar actuaciones integradas. También plantea un diálogo periódico con representantes de estos territorios, apoyo técnico, intercambio de buenas prácticas y mayor participación local en la planificación de políticas europeas con impacto marítimo y costero.
