El European Dockworkers Council (EDC) ha anunciado su salida del Comité de Diálogo Social Sectorial (CDSS) para Puertos, en una decisión que responde a lo que la organización califica como un abandono progresivo del diálogo social por parte de la Comisión Europea. La ruptura se produce tras la publicación de un análisis sectorial elaborado en enero de 2026, en el que el EDC documenta lo que considera tres fallos sistémicos de la institución comunitaria en su relación con el sector portuario.
El CDSS para Puertos fue creado en 2013 como foro oficial de consulta para las políticas portuarias en la Unión Europea, con la participación de cinco interlocutores sociales: EDC, ETF, IDC, ESPO y FEPORT. El comité contaba con representación paritaria de trabajadores y empleadores y tenía capacidad para negociar acuerdos sectoriales. Su ámbito de actuación abarca la operación de terminales de carga y pasajeros, los servicios técnico-náuticos como remolque y practicaje, y el mantenimiento de infraestructuras portuarias, en un sector que comprende más de 1.200 puertos comerciales en la UE y afecta a 1,7 millones de trabajadores. Su base legal se sustenta en los artículos 154 y 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como en el Principio 8 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que reconoce el derecho a ser consultado en políticas económicas y sociales.
El primero de los fallos que identifica el EDC se refiere a lo que denomina «ignorancia técnica», ejemplificado con el caso del sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS) aplicado al transporte marítimo. La extensión del ETS al sector marítimo, implementada en 2024 con el objetivo de descarbonizar la actividad a través del pago por derechos de emisión, presenta según el análisis una aplicación asimétrica que penaliza a los puertos de transbordo comunitarios frente a competidores no europeos como Tánger Med (Marruecos) o East Port Said (Egipto). El EDC señala que el CDSS alertó sobre los riesgos de fuga de carbono, ya que los buques podrían desviar sus rutas hacia puertos vecinos no sujetos al ETS sin que se reduzcan las emisiones globales, así como sobre la pérdida masiva de volúmenes de carga y empleo en los puertos mediterráneos. Según la organización, la Comisión ignoró los datos técnicos proporcionados por el comité y procedió sin mecanismos de ajuste.
El segundo fallo identificado es la falta de apoyo político a los acuerdos negociados, con el caso del acuerdo Safety on Board como ejemplo central. Este acuerdo, alcanzado en el marco del CDSS, establecía protocolos mínimos de seguridad para los trabajadores portuarios a bordo de los buques, formación obligatoria sobre riesgos marítimos, mecanismos de denuncia seguros e inspecciones conjuntas de las condiciones de trabajo. Sin embargo, la Comisión no ha respaldado políticamente el acuerdo ni ha procedido a su transposición en forma de directiva vinculante, por lo que el diálogo social permanece sin fuerza legal y el acuerdo depende de la voluntad individual, lo que deja a miles de trabajadores en situación de vulnerabilidad.
