Los puertos canarios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han reclamado a la Unión Europea flexibilidad en la aplicación del sistema de comercio de emisiones (ETS) al transporte marítimo, al considerar que está perjudicando la competitividad y la conectividad de sus instalaciones frente a puertos de terceros países. La demanda se ha trasladado esta semana en Bruselas tras dos jornadas de reuniones con distintas direcciones generales de la Comisión Europea.
El objetivo, según declaró el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, es obtener un «tratamiento distinto» dentro del ETS que reconozca la «excepcionalidad» de regiones como Canarias, marcada por su «lejanía e insularidad». Para ganar peso en la negociación de cara a la revisión del sistema prevista para julio, ambos puertos canarios se han asociado con las regiones ultraperiféricas (RUP) francesas de Guadalupe, Martinica, Guayana, Reunión, Saint-Martin y Mayotte y con las portuguesas de Azores y Madeira.
«Nos comparan con territorios como Malta, como Chipre. Entendemos que no nos entienden realmente. No hay un entendimiento claro de lo que son las regiones ultraperiféricas y ese es el principal reto que nosotros tenemos», declaró la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, tras las reuniones en la capital comunitaria.
El sistema europeo ETS aplicado al transporte marítimo obliga desde 2024 a las navieras que operan en puertos de la UE a pagar derechos de CO₂ por parte de las emisiones de sus trayectos. El mecanismo cubre el 100% de las emisiones en rutas entre puertos europeos y el 50% en trayectos entre la UE y terceros países, un coste que, según los puertos ultraperiféricos, está incentivando el desvío de tráficos hacia enclaves no comunitarios del norte de África o del Reino Unido que no aplican esas tasas.
«Nos está haciendo perder competitividad y conectividad, fundamentalmente en las Islas Canarias, pero también afecta a otros puertos de distintas naciones de la UE. Hemos creado esta asociación para presionar en la Unión Europea para que conozcan nuestra realidad, que en muchísimas ocasiones que hemos venido aquí es totalmente desconocida», señaló Suárez.
Canarias importa el 85% de los productos que consume, casi todo por vía marítima, por lo que cualquier medida que penalice ese tráfico supondrá un encarecimiento del coste de la vida en el archipiélago, sostienen sus gestores portuarios. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas advirtió incluso del riesgo de que las compañías navieras y los armadores opten por descargar la mercancía en puertos donde no se aplique el ETS, dejando de servir a las islas.
El temor se centra en que las navieras comiencen a utilizar puertos del norte de África, que según Calzada «están extremadamente desarrollados», como el de Tánger (Marruecos), así como infraestructuras de África Occidental que podrían absorber el tráfico que actualmente llega a Canarias. «Hay algo que yo creo que Europa no está viendo, que es que está trasladando toda la estrategia logística de un continente a otro continente y que, por lo tanto, va a perder el control de la mercancía que entra», subrayó la responsable grancanaria.
El Observatorio UE-ETS de Puertos del Estado, que depende del Ministerio de Transportes y apoya la iniciativa canaria, ha constatado en un informe publicado en febrero «una reducción de la conectividad de los tráficos de contenedores para servicios de larga distancia realizados en puertos de la UE frente a países vecinos». El bloqueo del estrecho de Ormuz está aliviando temporalmente esa situación, pero Calzada lo calificó de «ficticio» porque, «cuando todo vuelva a la normalidad, será cuando realmente empecemos a ver ese vacío».
Las cinco reuniones mantenidas el lunes con distintas direcciones generales de la Comisión Europea no han disipado las preocupaciones del archipiélago. «Salimos realmente preocupados», reconoció Calzada, quien subrayó el «compromiso» de los puertos canarios con la descarbonización y lamentó haberse encontrado con «un muro» en las discusiones con los responsables de políticas climáticas. «No solo las ETS, es cualquier regulación europea que sale del centro del continente europeo está alejada totalmente de nuestra realidad», concluyó.
