La Junta de Andalucía ha aprobado la pasada semana el plan de gestión y control del alga asiática Rugulopteryx okamurae, una especie invasora que ha generado preocupación tanto en el ámbito medioambiental como en sectores económicos clave del litoral andaluz. El documento contempla sistemas de vigilancia, herramientas de monitorización y un protocolo para el seguimiento de su expansión, con el objetivo de mitigar su impacto en el ecosistema y en las actividades que dependen del mar, especialmente el turismo y la pesca artesanal.
Sin embargo, el contenido del plan ha provocado el rechazo frontal del sector pesquero artesanal, que denuncia no haber sido consultado durante su elaboración. La Federación Andaluza de Pesca Artesanal y Marisquera ha anunciado que está valorando acudir a los tribunales para exigir responsabilidades a la Administración autonómica. Su presidenta, Carmen Díaz, ha señalado que la falta de diálogo previo y la ausencia de mecanismos de participación han generado un profundo malestar entre los profesionales del sector.
El documento, según ha indicado la Federación, incluye medidas que podrían suponer restricciones efectivas para la actividad en determinados caladeros, lo que afectaría directamente a las embarcaciones que operan en zonas costeras donde la presencia del alga se ha intensificado en los últimos años. “No se puede tomar una decisión que nos afecta sin contar con nuestra experiencia ni escuchar nuestras propuestas”, ha asegurado Díaz en declaraciones a medios locales.
La preocupación del sector no es nueva. Desde hace años, las cofradías de pescadores y distintas asociaciones han venido alertando sobre las consecuencias de la proliferación del alga asiática en zonas de pesca tradicional. Su expansión ha alterado los hábitats marinos, obstruido artes de pesca y generado costes adicionales para las flotas, que deben realizar limpiezas constantes de redes y equipos.
