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El Parlamento andaluz debatirá sobre los impuestos medioambientales europeos que afectan al Puerto de Algeciras

VOX considera que las normativas ambientales de la UE favorecen la deslocalización de la actividad portuaria hacia el norte de África

El Parlamento andaluz debatirá sobre los impuestos medioambientales europeos que afectan al Puerto de Algeciras
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El Grupo Parlamentario VOX en Andalucía ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz con el objetivo de instar al Gobierno autonómico a actuar frente a las políticas e impuestos medioambientales de la Unión Europea, que, según la formación, afectan a la competitividad de los puertos andaluces, especialmente al de Algeciras.

La iniciativa llega tras el anuncio de la naviera danesa Maersk sobre la eliminación de su escala en el Puerto de Algeciras en su ruta entre India y la Costa Este de Estados Unidos. VOX considera que esta decisión no es un hecho aislado, sino un precedente que podría provocar la deslocalización de otras compañías de transporte de mercancías y pasajeros, debido a la presión fiscal derivada de normativas como el Emissions Trading System (ETS) y el paquete de medidas medioambientales «Fit for 55» impulsado por la UE.

El texto registrado exige la derogación de estas regulaciones para garantizar la viabilidad y competitividad del sector marítimo andaluz frente a terceros países

La PNL insta al Gobierno andaluz a mostrar su respaldo a los trabajadores y empresas que operan en el Puerto de Algeciras y que puedan verse afectados por la reducción de escalas de navieras en favor del puerto de Tánger Med, en Marruecos. En este sentido, VOX considera que la aplicación de las normativas medioambientales europeas genera una competencia desleal, ya que los puertos extracomunitarios quedan exentos de estas medidas.

Asimismo, el texto registrado exige la derogación de estas regulaciones para garantizar la viabilidad y competitividad del sector marítimo andaluz frente a terceros países. De no tomarse medidas al respecto, la formación advierte de «graves perjuicios económicos» para los trabajadores y las empresas del sector portuario.

La iniciativa de VOX también solicita al Gobierno andaluz y al Ejecutivo central el cese inmediato de ayudas al desarrollo a Marruecos, así como la suspensión de relaciones comerciales con aquellos países que, en su opinión, suponen una competencia desleal para la producción, el comercio y la industria nacional.

Además, la PNL plantea la necesidad de rechazar lo que el partido denomina “paraísos de emisiones”, es decir, estados que no están sujetos a la regulación medioambiental europea, lo que favorece la deslocalización de los servicios de transporte marítimo y la pérdida de actividad en los puertos del sur de Europa.

VOX también busca el respaldo del Parlamento andaluz para instar al Gobierno central a trasladar a las autoridades europeas su rechazo a los acuerdos comerciales con países extracomunitarios que, según el grupo parlamentario, vulneran los principios del Mercado Único. En esta línea, reclama un «apoyo firme y unánime» frente a lo que califica como «agresiones comerciales» por parte de Marruecos.

Entre las medidas propuestas en la PNL, se encuentra la solicitud de ayudas económicas para los puertos andaluces que se han visto afectados por la implementación de la directiva ETS. Además, la formación demanda la creación de un plan estratégico de modernización de las infraestructuras portuarias, con especial énfasis en la simplificación de los procedimientos administrativos y la ampliación de las plantillas de empleados públicos encargados de la tramitación de estos procesos.

Otra de las reclamaciones incluidas en la iniciativa es la adopción de medidas para modernizar los sistemas de inspección en los puestos de control fronterizos de los puertos españoles, con el fin de reducir las demoras en el despacho de mercancías y evitar el desvío de cargas a otras dársenas europeas.

Por último, VOX solicita la creación de una Oficina contra el Fraude en el Reetiquetado para reforzar el control sobre las mercancías alimentarias importadas de terceros países. La formación considera que esta medida permitiría garantizar una correcta supervisión de los productos que entran en el mercado nacional y evitar irregularidades en su distribución.

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