El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha firmado esta semana en Malta el convenio sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. Este acuerdo tiene como objetivo establecer entre los Estados participantes la transmisión de la propiedad libre de cargas para el comprador y el efecto transfronterizo automático de la venta judicial de un buque.
Con esta firma, España se suma a los países que ya habían firmado en el primer acto realizado en Pekín en 2023. Este convenio proporciona soporte documental a los nuevos propietarios de buques ante las autoridades de otros Estados, permitiendo que los buques puedan navegar y atracar en puertos de los Estados contratantes del convenio sin el riesgo de ser embargados.
El Gobierno español ha defendido que esta medida aporta seguridad a los compradores para participar en subastas judiciales de buques. Esta mayor seguridad incrementará el precio de las ventas y permitirá que un mayor número de acreedores vean satisfechos sus créditos con el producto de la venta.
La venta judicial de un buque representa la etapa final de cualquier procedimiento judicial en el que se reclaman deudas marítimas al armador o propietario. Finalizado este proceso, es el buque el que debe saldar las deudas pendientes, y al realizarse la venta, las diferentes jurisdicciones deberían reconocer la cancelación de todos los gravámenes que pudieran recaer sobre el buque.
