A mediados de esta pasada semana, el Gobierno de España declaraba la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.
Demuestra así el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos o la Comisión Europea.
Mediante este acuerdo, el Ejecutivo se compromete a desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica, pero ¿qué implica y cómo afecta a la logística y el transporte?.
La respuesta viene dada por Tránsito 2000, empresa afincada en la Bahía de Algeciras, que recuerda que dentro de este «plan de acción de 30 líneas, de las cuales cinco de ellas se llevarán a cabo durante los primeros 100 días de gobierno, entre ellas se encuentran el proyecto de Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050».
