La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado en su página web la resolución por la que se conceden ayudas a los afectados por el cierre del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, decretado el pasado mes de enero y que afecta a embarcaciones y tripulantes de los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, en la provincia de Huelva, y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Los pagos se están tramitando ya por vía de urgencia, para que así el abono pueda realizarse en el periodo de tiempo más corto posible.
Un total de 49 armadores han cumplido todos los requisitos legales para acceder a estos incentivos, lo que permitirá que los reciban 70 familias. Durante la tramitación de todo este proceso, la Consejería ha habilitado dos plazos de regularización y subsanación de errores para acoger al máximo de beneficiarios posible.
El consejero, Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado que con esta resolución “la Consejería cumple su compromiso con el sector, al que desde el primer momento se le garantizaron ayudas tras el cierre del caladero”. El objetivo, ha reiterado, es lograr la sostenibilidad de esta pesquería “no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y en lo económico”, sentido en el que ha apuntado el apoyo que van a recibir 70 familias afectadas mientras se sigue trabajando en garantizar el futuro de la actividad.
En total serán casi 900.000 euros, aportados con presupuesto autonómico, con un primer pago que se hará de manera automática e incluirá el periodo comprendido entre el 20 de enero (el primer día en el que se prohibió la pesca de la chirla) y el 30 de junio, abonándose los posteriores a mes vencido. Para cobrar los incentivos a partir de julio, los beneficiarios tendrán que presentar mensualmente una declaración responsable en la que consignen que no han cambiado las circunstancias que les dan derecho a recibir esta prestación.
