El sistema portuario de titularidad estatal cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio récord de 1.351 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% respecto a los 1.290 millones contabilizados en 2024, según los datos provisionales difundidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La ejecución presupuestaria alcanzó el 101%, situando los ingresos consolidados del conjunto portuario en máximos históricos.
El sistema portuario estatal está integrado por 28 autoridades portuarias que gestionan 46 puertos de interés general y coordinadas por Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Los resultados provisionales reflejan una evolución positiva tanto en ingresos como en rentabilidad. El resultado antes de impuestos ascendió a 349 millones de euros, un 4,2% más que en el ejercicio anterior y un 162,7% sobre lo presupuestado inicialmente.
El crecimiento de la actividad portuaria y de los ingresos vinculados a las tasas portuarias explica buena parte de la evolución económica del sistema. Las tasas de utilización, que incluyen conceptos como la tasa a la mercancía, al buque y al pasaje, alcanzaron los 653 millones de euros, con un incremento interanual del 3,5%. Esta partida continúa siendo la principal fuente de ingresos de las autoridades portuarias.
Por su parte, la tasa de ocupación generó 349 millones de euros, un 3,4% más que en 2024, mientras que la tasa de actividad alcanzó los 162 millones de euros, con un crecimiento del 9,3%.
En cuanto a los gastos de explotación, los principales conceptos corresponden a las amortizaciones del inmovilizado, que ascendieron a 450 millones de euros; los servicios exteriores, con 357 millones; y los gastos de personal, que se situaron en 336 millones de euros.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 664 millones de euros al cierre provisional de 2025, lo que supone un incremento del 2,7% respecto a los 647 millones registrados en 2024. La cifra también supera en un 21,3% los 548 millones previstos inicialmente en el presupuesto.
Los datos económicos reflejan además un incremento de los activos del sistema portuario. El activo no corriente aumentó en 375 millones de euros hasta situarse en 13.398 millones al cierre provisional del ejercicio. El activo corriente se situó en 265 millones de euros.
El endeudamiento total a corto y largo plazo alcanzó los 1.114,6 millones de euros, lo que supone una ligera reducción de 1,2 millones respecto al ejercicio anterior. Según el Ministerio, esta evolución permite mantener los niveles de estabilidad financiera del sistema portuario estatal.
En términos de rentabilidad, el conjunto del sistema portuario alcanzó provisionalmente una rentabilidad anual agregada del 2,96%, ligeramente superior a la obtenida en 2024 y 2023. La cifra se mantiene por encima del objetivo de rentabilidad anual fijado en el 2,5% para el conjunto de las autoridades portuarias.
Desde Puertos del Estado se considera que estos resultados permiten garantizar el principio de autosuficiencia económica recogido en el marco jurídico portuario y afrontar el programa inversor previsto para los próximos años.
En este contexto, el Ministerio de Transportes sitúa el programa Horizonte 2030 como el principal eje de inversión del sistema portuario estatal. El plan contempla actuaciones públicas por valor de 7.000 millones de euros destinadas a infraestructuras, sostenibilidad ambiental, transición energética, conectividad terrestre y digitalización.
Según Transportes, este programa constituye un segundo gran ciclo inversor de los puertos españoles tras el desarrollado durante la primera década del siglo XXI. Además de las actuaciones vinculadas a ampliaciones e infraestructuras logísticas, el nuevo marco inversor concede un peso creciente a proyectos relacionados con la descarbonización, la eficiencia energética y la modernización tecnológica de las instalaciones portuarias.
La evolución económica registrada en 2025 coincide con un contexto de consolidación del tráfico portuario y de adaptación de las autoridades portuarias a los nuevos requisitos regulatorios y medioambientales impulsados tanto por España como por la Unión Europea.
