Las dos principales organizaciones del transporte de mercancías por carretera en España, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), han expresado su rechazo al contenido del decreto-ley del Plan de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros. Ambas entidades coinciden en señalar que las ayudas son insuficientes para el sector profesional y advierten de posibles movilizaciones si no se producen rectificaciones a corto plazo.
La Asamblea General de Fenadismer, reunida con carácter extraordinario el sábado 21 de marzo tras la publicación del decreto en el BOE, manifestó su «profunda decepción» con el contenido de la norma y llegó a calificar de «perjudicial» la aplicación de algunas de las medidas aprobadas para el transporte por carretera. La federación denuncia lo que considera una desproporción injusta en el reparto de las ayudas: mientras que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el cien por cien del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, en el caso de los vehículos profesionales las ayudas solo amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real que están soportando, pese a ser el colectivo más afectado por el conflicto.
Fenadismer señala además una paradoja en la bonificación anunciada de 20 céntimos por litro para los transportistas, idéntica a la aprobada en 2023 cuando el gasóleo estaba 20 céntimos más barato. Según la federación, esta bonificación se verá reducida en la práctica en un 25% al haber eliminado el decreto-ley la figura del gasóleo profesional de la que venían disfrutando los transportistas desde 2007. La organización cifra en cerca de 250 millones de euros el sobrecoste acumulado por el sector durante las tres semanas de conflicto como consecuencia de la subida del diésel.
Otro de los puntos críticos que denuncia Fenadismer es que el decreto imposibilita en la práctica que los transportistas puedan repercutir a sus clientes los incrementos de costes derivados de la subida del gasóleo, que ha superado el 30% desde el inicio de la guerra. Las medidas aprobadas perjudican la capacidad de los profesionales para aplicar la fórmula de repercusión de la variación del combustible prevista en la regulación sectorial, aprobada en 2022 con ocasión de la guerra de Ucrania. Al no actualizarse el porcentaje que el diésel representa en los costes de explotación de los vehículos de transporte, y al reducirse el precio de los carburantes a los particulares —que es el que se toma como referencia para aplicar dicha fórmula—, los transportistas se verán obligados a renunciar a la repercusión de esos incrementos, quedando, según la federación, «en una situación de total indefensión y desamparo frente a sus clientes».
