El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha otorgado, a través de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, un total de 9,6 millones de euros en ayudas durante el año 2025 para facilitar la retirada de la actividad profesional de transportistas autónomos por carretera.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Impulsa, una de las medidas contempladas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, con la que el Ministerio busca modernizar el sector, preservar la seguridad vial y proteger la salud de los profesionales del transporte más vulnerables.
Las ayudas están dirigidas a transportistas autónomos que deseen cesar voluntariamente su actividad, siempre que tengan 63 años o más, o que hayan sido declarados en situación de incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de su profesión. Esta política pública tiene como objetivo afrontar el envejecimiento de una parte significativa de los titulares de microempresas de transporte y facilitar un relevo generacional ordenado, sin perjuicio económico para quienes abandonan la actividad.
En el ejercicio 2025, un total de 321 transportistas autónomos han sido beneficiarios de estas ayudas, según consta en el listado publicado en la sede electrónica del Ministerio. Para acceder a la subvención, es necesario que el solicitante mantenga al menos una autorización de transporte público en vigor en el momento de la solicitud y hasta que se renuncie a ella tras la concesión de la ayuda o, en su caso, hasta la aprobación de la correspondiente pensión de incapacidad.
Estas subvenciones también contribuyen a la mejora de la seguridad en las carreteras, al reducir la exposición de profesionales con posibles limitaciones físicas derivadas de la edad o de situaciones de salud. Asimismo, permiten afrontar con mayor equidad el coste personal y económico que representa, para muchos autónomos, el abandono de la actividad sin una red de protección suficiente.
El programa forma parte de un enfoque integral del Ministerio para fomentar un sistema de movilidad más seguro, sostenible y adaptado a los retos demográficos y laborales del sector del transporte por carretera. Se contempla como una herramienta útil para avanzar en la ordenación del mercado laboral y la mejora de las condiciones profesionales del transporte autónomo.
