El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el objetivo de garantizar la continuidad de diversas rutas marítimas declaradas de interés público. La medida permitirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinar más de 25 millones de euros a la compensación económica de varias empresas, tanto públicas como privadas, encargadas de la prestación de estos servicios esenciales.
Entre las actuaciones contempladas se incluye una segunda prórroga del contrato entre la península y Canarias, adjudicado a la compañía Transmediterránea, por un importe de 1,2 millones de euros. El contrato original fue suscrito el 30 de junio de 2022 y entró en vigor el 1 de julio del mismo año, con una duración inicial de dos años y un coste anual de 2.116.000 euros. La primera prórroga amplió la vigencia hasta el 30 de junio de 2025, y la segunda, aprobada ahora, permitirá extender el servicio hasta el 30 de junio de 2026.
En paralelo, el Ejecutivo ha ratificado los contratos para cubrir el trayecto marítimo entre la península y Melilla, divididos en dos lotes y adjudicados a Balearia Eurolíneas Marítimas y a Transmediterránea. Estos contratos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y suponen un gasto anual conjunto de 19.436.000 euros. Balearia gestionará uno de los lotes por valor de 10,4 millones, mientras que Transmediterránea asumirá el otro con una dotación de 9 millones de euros.
Además, se ha formalizado un segundo contrato con Balearia Eurolíneas Marítimas para la prestación de otro servicio marítimo, con una duración de dos años —del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2027— y un importe total de 2,2 millones de euros.
