Madrid ha sido el escenario de una jornada dedicada a la Convención de la ONU sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques, conocida como Convenio de Beijing. Durante el evento, especialistas en derecho marítimo y representantes del sector han analizado la importancia de su ratificación, sus implicaciones para el comercio internacional y los desafíos que plantea su implementación en distintos países.
El encuentro, moderado por Vicente Capell, director operativo del Clúster Marítimo Español, ha contado con la participación de Eduardo Albors, socio de Albors Galiano Portales SLP y miembro del Comité Ejecutivo del Clúster Marítimo Español; Carlos López Quiroga, presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo y socio de Uría Menéndez; Julio Fuentes, subdirector general de Normativa Marítima en la Dirección General de la Marina Mercante; y Manuel Alba, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III.
Eduardo Albors ha iniciado la jornada explicando el contexto y la relevancia del Convenio de Beijing, destacando su papel en la regulación de los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. Ha señalado que este tratado busca garantizar la seguridad jurídica en transacciones derivadas de ventas forzosas, especialmente en situaciones de embargo y ejecución. También ha recordado que España ha firmado el convenio, pero su ratificación sigue pendiente en el Congreso de los Diputados y en el ámbito de la Unión Europea. Además, ha subrayado el esfuerzo del Clúster Marítimo Español en el proceso de aprobación mediante su labor institucional con los organismos competentes.
Carlos López Quiroga ha analizado el impacto del convenio en la financiación marítima y en la estabilidad del sector. Ha explicado que su principal objetivo es evitar la devaluación de los buques durante los procesos de ejecución judicial y ha resaltado que el tratado establece un marco jurídico que garantiza que el comprador adquiere el buque libre de cargas, lo que refuerza la confianza en las operaciones y reduce los riesgos financieros. También ha indicado que una mayor seguridad jurídica en la ejecución hipotecaria y en la venta judicial de buques puede disminuir el coste de la financiación al reducir la incertidumbre para las entidades crediticias.
Por su parte, Julio Fuentes ha abordado los aspectos fundamentales del convenio, señalando que su enfoque está dirigido a evitar impugnaciones y embargos posteriores a una venta judicial. Ha explicado que uno de los objetivos clave del tratado es garantizar el reconocimiento internacional de estas ventas, asegurar la seguridad jurídica de los compradores y preservar el valor económico de los buques en el mercado global. Ha destacado que el convenio establece dos efectos principales en las ventas judiciales: el cambio de propiedad, asegurando que el comprador recibe un título limpio, y la extinción de deudas previas, protegiéndolo de reclamaciones de acreedores no satisfechos. También ha detallado algunas definiciones clave incluidas en el convenio, como la de «venta judicial», que hace referencia a los procedimientos aprobados por un tribunal para la liquidación de activos, y la de «título de propiedad limpia», que garantiza que el comprador recibe el buque libre de cargas o gravámenes.
Manuel Alba ha centrado su intervención en el Certificado de Venta Judicial, un documento esencial para el reconocimiento del cambio de propiedad del buque. Ha explicado que este certificado, regulado en el Anexo 2 del convenio, contiene información sobre la transmisión de propiedad y la extinción de cargas previas, lo que permite al comprador solicitar la cancelación de gravámenes y gestionar la inscripción del buque en el registro correspondiente. Ha señalado que este documento tiene validez en distintos países y facilita la baja y alta registral de los buques, aunque su ejecución dependerá de la legislación nacional aplicable. También ha subrayado que la armonización del reconocimiento del certificado es clave para garantizar la eficacia del convenio y mejorar la seguridad jurídica en el comercio marítimo.
El evento concluyó con un debate en el que los expertos han analizado los desafíos en la implementación del tratado, la resistencia de algunos registros a aceptar el certificado de venta judicial y la necesidad de reformas legislativas en España. La jornada ha reafirmado la importancia de la ratificación del Convenio de Beijing y su papel en la creación de un marco legal uniforme y seguro para las ventas judiciales de buques, contribuyendo así a fortalecer el comercio marítimo internacional.
