El experto y coordinador de Sostenibilidad y Contaminación en la Dirección General de la Marina Mercante, Federico Navarro, ha ofrecido en el Puerto de Barcelona una jornada titulada “Implementación de la normativa para descarbonizar el transporte marítimo”. Durante esta sesión, Navarro ha presentado las normativas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tanto a nivel internacional como europeo, describiendo las repercusiones que este proceso tendrá para el sector marítimo en España.
Esta jornada informativa, organizada por la Capitanía Marítima de Barcelona en colaboración con el Puerto de Barcelona, ha contado con la asistencia de más de un centenar de miembros del sector, tanto de forma presencial como mediante streaming y en ella, Navarro ha explicado que «en la actualidad, las emisiones de GEI se regulan desde tres frentes diferentes. A nivel internacional, el Anexo VI del Convenio MARPOL, de la Organización Marítima Internacional (OMI), establece medidas a corto plazo para mejorar la eficiencia energética de los buques, con el objetivo de reducir las emisiones de GEI por unidad de trabajo de transporte». En el ámbito europeo, las regulaciones se dividen en dos partes: el principio de «quien contamina paga», mediante un sistema de derechos de emisión por tonelada de GEI emitida (ETS), y la regulación del combustible utilizado, estableciendo límites más restrictivos en la cantidad de emisiones de GEI por unidad de energía (Reglamento sobre combustibles marinos de bajas emisiones FuelEU).
Navarro ha detallado los mecanismos de funcionamiento, los sujetos obligados, los calendarios de implantación y ciclos de cumplimiento, así como las actividades de control y vigilancia tanto a nivel nacional como europeo. En el ámbito nacional, se está desarrollando una estrategia específica de descarbonización para el sector marítimo, que incluirá un programa de ayudas. Este programa tiene como objetivo estimular la creación de corredores verdes que permitan descarbonizar las rutas marítimas de extremo a extremo, lo que requerirá infraestructuras capaces de abastecer nuevos combustibles y posibilitar la conexión eléctrica en puerto, además de la utilización de combustibles alternativos.
El experto también ha mencionado el posible impacto negativo de la incorporación del transporte marítimo al sistema de comercio de derechos de emisiones, como el posible desvío del tráfico marítimo a otros puertos no comunitarios. En respuesta a este desafío, España ha liderado una declaración apoyada por 10 países de la UE para instar a una evaluación del impacto de esta medida en el tráfico marítimo.
