La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha criticado la Ley de Seguridad Ciudadana española, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, y ha recomendado que llevar a cabo una “prohibición explícita” de las devoluciones sumarias y expulsiones colectivas de migrantes interceptados en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En una carta dirigida a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y el Senado, Pío García-Escudero, Mijatovic considera que “estas enmiendas a la Ley de Extranjería no brindan garantías claras contra las devoluciones y las expulsiones colectivas” de personas migrantes, así como garantías “adecuadas” para el derecho de asilo, “independientemente de la forma en que lleguen a territorio español”.
En este sentido, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa aconseja “encarecidamente” que se imponga a las autoridades la obligación de proporcionar “sin demora” a la Guardia Civil “una orientación clara y obligatoria sobre cómo actuar de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos al interceptar a los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla”.
A su juicio, tal orientación debe comprender una “prohibición explicita” de las devoluciones sumarias y expulsiones colectivas de migrantes, así como las garantías procesales que deben respetarse, “incluido el derecho a ser identificado, a evaluar las necesidades de protección internacional, acceso a un intérprete, un abogado y asistencia médica según corresponda; y un recurso efectivo para impugnar cualquier violación de la Convención Europea de Derechos Humanos de la que las personas afectadas podrían alegar ser víctimas”.
Por otro lado, Mijatovic insta al Parlamento a garantizar que la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana elimine las posibilidades de una interferencia “desproporcionada” con los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Finalmente, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa concluye diciendo que agradecería a Pastor y García-Escudero que se aseguren de que “todos” los miembros del Congreso de los Diputados y de la Senado reciben una copia de la carta.
