El nuevo Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene por delante una patata caliente que debe enfriar de inmediato. Se trata de la reforma del sector de la estiba que impone la Comisión Europea, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó el sistema de estiba de este país, hace ya casi dos años.
Aunque el debate abierto en su día, a raíz de la sentencia de TJUE, entre la patronal de la estiba (Anesco) y los estibadores sentó las bases de un acuerdo para que el gobierno dé el visto bueno a una propuesta que sería planteada a la Comisión, el tiempo ha retrasado la decisión final y ahora la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público podría alargar el proceso.
La interinidad del Gobierno ha concluido y por ello, se espera que en el primer trimestre de 2017 se pueda dar una “esperada” respuesta a Bruselas, ya que de lo contrario, la amenaza de multas millonarias a nuestro país se puede hacer realidad después de varios amagos, al cumplirse los últimos plazos establecidos por el tribunal de Estrasburgo.
