CK Hutchison Holdings ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama más de 1.500 millones de dólares (unos 1.290 millones de euros) por la pérdida de sus inversiones en los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en los accesos del Pacífico y el Atlántico del Canal de Panamá, respectivamente.
El conglomerado de Hong Kong ha comunicado este jueves el inicio del procedimiento después de que no prosperaran los intentos para resolver la disputa con las autoridades panameñas. Según la compañía, Panamá habría incumplido un tratado de protección de inversiones mediante una serie de medidas adoptadas durante 2025 y 2026 que terminaron con la cancelación de las concesiones y la toma de control de ambas instalaciones portuarias.
CK Hutchison, grupo fundado por el empresario Li Ka-shing, ha manifestado su desacuerdo con las decisiones adoptadas por Panamá. La compañía también ha advertido a sus accionistas y potenciales inversores de que actúen con cautela en las operaciones relacionadas con sus acciones y otros valores mientras continúa el procedimiento.
La nueva reclamación se suma a las actuaciones legales emprendidas por el conglomerado a raíz de la pérdida del control de las dos terminales. Panama Ports Company, filial encargada hasta ahora de su explotación, inició a principios de este año otro arbitraje internacional contra el Estado panameño, en el que solicita al menos 2.000 millones de dólares por lo que considera una toma estatal ilegal de sus activos.
Panama Ports Company mantiene además un procedimiento arbitral en Londres contra A.P. Moller-Maersk relacionado con las instalaciones. La acumulación de procesos jurídicos sitúa el futuro de las terminales de Balboa y Cristóbal en un escenario que combina aspectos comerciales, regulatorios y políticos.
El conflicto adquirió una dimensión internacional después de que las autoridades panameñas pusieran fin al contrato que permitía a CK Hutchison operar ambos puertos. En febrero, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó la ocupación temporal de las terminales después de que la Corte Suprema del país resolviera contra la concesión de la compañía de Hong Kong.
La disputa se desarrolla también en un contexto de competencia entre Estados Unidos y China por las infraestructuras vinculadas al comercio internacional. Pekín había advertido de consecuencias para Panamá tras la anulación del contrato, una decisión adoptada en un periodo en el que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump había ejercido presión sobre el Gobierno panameño en relación con la presencia empresarial china alrededor del Canal.
Los procedimientos arbitrales podrían prolongarse durante varios años. Denise Wong, analista de Bloomberg Intelligence, señala que las disputas entre inversores y Estados vinculadas a grandes concesiones portuarias suelen requerir largos periodos de resolución. Las cantidades reclamadas inicialmente también pueden experimentar reducciones durante el procedimiento, mediante las decisiones de los tribunales arbitrales, negociaciones entre las partes o acuerdos extrajudiciales.
El conflicto de Panamá coincide con el proceso abierto por CK Hutchison para vender una cartera internacional de activos portuarios. Los puertos de Balboa y Cristóbal estaban incluidos inicialmente en una operación para desprenderse de 43 terminales en distintos países por más de 19.000 millones de dólares en efectivo.
La transacción lleva más de un año condicionada por cuestiones políticas y regulatorias, entre ellas las objeciones de Pekín a la participación de la gestora estadounidense BlackRock en el consorcio comprador. Posteriormente, CK Hutchison abrió la estructura de la operación a compañías estatales chinas. El grupo de potenciales compradores incluye actualmente a China Cosco Shipping Corporation y China Merchants Group.
Las partes continúan a la espera de una mayor claridad política para determinar la estructura definitiva de la venta. La pérdida de las instalaciones panameñas tendría, no obstante, un efecto limitado sobre el valor total de la operación, ya que Balboa y Cristóbal representan aproximadamente el 4% del importe asociado al conjunto de los activos incluidos inicialmente.
Los precedentes internacionales muestran que la cancelación de concesiones privadas sobre infraestructuras públicas puede derivar en procesos de compensación. Panamá recuperó el pasado año terrenos concedidos a una empresa china después de que esta no construyera el puerto previsto en las condiciones establecidas por el Gobierno.
Mientras continúa la disputa, las acciones de CK Hutchison llegaron a subir un 2,4% durante la sesión de este jueves en Hong Kong. Los títulos acumulan una revalorización del 32% en lo que va de año, en un periodo en el que la familia Li desarrolla un proceso de venta de activos y reorganización de su grupo empresarial.
