Baleària ha expresado su confianza en ser la adjudicataria del concurso público para la explotación de la línea marítima verde Tarifa-Tánger, según una carta enviada por su presidente, Adolfo Utor, a colaboradores y personal de la compañía. En la misiva, Utor señala que «a la vista de toda la información y a la espera de la confirmación oficial, podemos concluir que Baleària ha sido la clara vencedora del concurso». No obstante, también reconoce que deben «mantenerse a la espera de la finalización del proceso formal de adjudicación».
En la misiva, Utor manifiesta su optimismo y satisfacción, señalando que le «resulta grato comunicar que Baleària ha ganado por 15 años el concurso de Tarifa. Una buena noticia para Baleària, para España y Tarifa, y para Tánger Ville y Marruecos». Sin embargo, el propio Utor reconoce que aún están «a la espera de la confirmación oficial» y que deben «mantenerse a la espera de la finalización del proceso formal de adjudicación».
La APBA, encargada de gestionar el concurso, ha valorado las propuestas presentadas en base a criterios técnicos, económicos y de explotación, priorizando la sostenibilidad y la innovación tecnológica. En la evaluación técnica, Baleària se posicionó en tercer lugar con 70,68 puntos, por detrás de DFDS FRS, que obtuvo 71,54 puntos, y de Sercomisa (Trasmapi), con 70,78 puntos. En cuanto a la propuesta económica, evaluada tras la apertura del sobre número 3 este pasado viernes, Baleària ha logrado superar a sus dos competidores, obteniendo la máxima puntuación en este apartado, que tiene un peso de hasta 25 puntos en la valoración total.
Sin embargo, este aspecto ha generado cierta controversia, ya que, según fuentes del sector, la naviera plantea asumir cerca del 90% del tráfico total de la ruta, un cálculo que no parece considerar la presencia de Africa Morocco Link (AML), lo que limitaría la cuota operativa española a aproximadamente el 60% en las mejores circunstancias, las cifras presentadas por la naviera han sido calificadas como extremadamente agresivas, hasta el punto de ser consideradas potencialmente inasumibles. A esto se suma la obligación de incorporar, en un plazo de 30 meses, dos buques de bajas emisiones (eléctricos o híbridos), cuya inversión inicial superaría los 80 millones de euros, además de los costes operativos, de personal y de infraestructura necesarios para su funcionamiento. Esta percepción podría abrir la puerta a que la oferta sea revisada bajo el criterio de temeridad, lo que añade incertidumbre al proceso de adjudicación.
