España ha propuesto una modificación del sistema ETS de la UE, que grava las emisiones de CO2, para que no afecte negativamente a la competitividad de los puertos europeos. En lugar de gravar a los barcos, sugiere que sean los contenedores los que paguen este gravamen.
El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado su preocupación por los efectos negativos que la normativa actual podría tener en el tráfico portuario español. Según Puente, si los barcos deciden operar en puertos fuera de la UE para evitar estos impuestos, será difícil recuperar ese tráfico.
La normativa actual establece que las embarcaciones que operan dentro de la UE deben pagar el 100% del CO2 emitido, mientras que aquellas que llegan desde fuera de la UE pagan solo el 50%. Esto podría llevar a que los transportistas trasladen sus operaciones a puertos no comunitarios en Argelia, Marruecos o el Reino Unido, así como Noruega e Islandia, que aunque no son miembros de la UE, sí pertenecen al Espacio Económico Europeo y eventualmente tendrán que adaptarse a la normativa comunitaria.
Un ejemplo concreto ilustra el problema: un carguero que viaja de Shanghái a Algeciras recorre unas 10.300 millas náuticas y debería pagar el 50% del CO2 emitido. Sin embargo, podría evitar este impuesto atracando primero en Marruecos, redistribuyendo los contenedores en barcos más pequeños que solo pagarían por las últimas 15 millas náuticas de trayecto hasta Algeciras.
