El Comité de Mercado Interno del Parlamento Europeo (IMCO) ha aprobado un informe sobre la reforma del Código Aduanero de la Unión (CAU), una legislación esencial afecta directamente la eficiencia, resiliencia y competitividad de la frontera exterior de la Unión Europea en materia de comercio. En un contexto donde el 90% del comercio exterior de la UE depende del transporte marítimo, es crucial que el CAU se adapte efectivamente a este sector estratégico. La reforma debe promover el transporte marítimo y permitir un almacenamiento eficiente de mercancías en los puertos, facilitando así la conexión fluida con las cadenas logísticas terrestres.
Representantes de cargadores europeos, puertos, operadores de terminales, agentes de buques y líneas navieras, en un comunicado de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), han expresado su agradecimiento por los avances logrados por el Comité IMCO y la consideración de las preocupaciones del sector marítimo y portuario. Instan a la Comisión Europea y al Consejo a integrar estas perspectivas y colaborar con la industria para abordar otros temas pendientes que respalden mejor el comercio marítimo europeo.
Los eurodiputados han mostrado su oposición a la revisión propuesta por la Comisión Europea (CE) sobre las normas actuales para el almacenamiento temporal de mercancías en los puertos de la UE. La propuesta de la CE de reducir la duración máxima de almacenamiento temporal de 90 a 3 días resulta poco práctica para el sector naviero, aumentando la carga administrativa y disminuyendo la eficiencia de los puertos de la UE en el manejo, importación, exportación y transbordo de cargas. Las enmiendas del IMCO mantendrían un marco legal actual bien adaptado a las necesidades del sector.
Sin embargo, según ESPO, aún quedan cuestiones por resolver. Este año se lanzarán sistemas informáticos y procesos de entrada nuevos para el transporte marítimo, incluido el sistema de seguridad de carga transformacional, ICS 2. Mientras estos nuevos procesos y sistemas informáticos estén en funcionamiento, es fundamental mantener legalmente la base legal existente en la que se basan los preparativos, inversiones y su funcionamiento. Este aspecto no fue incluido en la propuesta de la CE.
