El Ministerio de Transportes ha dado un paso al frente en el marco de la problemática que rodea las operaciones de transbordo de petróleo Ship to Ship (STS) realizadas por buques rusos en las costas de Ceuta, con el objetivo de limitar este tipo de actividades en la zona. En concreto, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) ha presentado una propuesta ante el comité jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI), que se encuentra en plena reunión esta semana.
El origen del problema radica en las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a Rusia después de su intervención en Ucrania, lo que ha provocado un aumento significativo en el número de operaciones STS realizadas por buques rusos en la zona de Ceuta, un área que se encuentra fuera de las aguas jurisdiccionales españolas. Ante este vacío legal, la DGMM ha tomado la iniciativa de elevar la propuesta a nivel internacional, dado que la Administración española no dispone competencias para intervenir en este tipo de situaciones.
En este sentido, la propuesta presentada por el Ministerio de Transportes tiene como objetivo principal limitar las operaciones de transbordo de petróleo realizadas por buques rusos en las costas de Ceuta con destino a Asia. La medida es necesaria para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad en la zona, teniendo en cuenta que las operaciones STS pueden tener efectos negativos sobre la flora y fauna marina, así como sobre la salud de las personas.
En las circunstancias actuales, las costas de Ceuta, situadas a tan solo 12 millas de las aguas territoriales de España, se han convertido en un lugar crucial para la transferencia de petróleo, al igual que sucede en Kalamata, en la costa meridional de Grecia. Este hecho ha generado inquietud en el gobierno español. Los barcos rusos que llegan a las costas de Ceuta suelen tener bandera panameña, lo que les permite evitar las regulaciones europeas ya que están registrados en países distintos. Además, el trasvase de petróleo se realiza en aguas internacionales. El gobierno español solo puede imponer sanciones a las empresas que colaboren en estas operaciones.
Recientemente, la Capitanía Marítima de Ceuta advirtió a dos compañías locales que brindan servicios a los barcos en los alrededores de la ciudad autónoma sobre el riesgo de sanciones si ayudan a los barcos rusos que operan en aguas internacionales. Esta advertencia fue realizada por escrito a principios de febrero.
