El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, considera fundamental “que vuelva la paz social al puerto para recuperar la fiabilidad, que es el primer atributo que reclaman las navieras”. “Las compañías programan las rutas y cualquier alteración les obliga a buscar alternativas”, afirma Morón, quien insiste en que el rechazo del Real Decreto de Ley ha traído una paz que no es definitiva, pero que “ojalá deje un horizonte despejado”.
El mero anuncio de la huelga, hace semanas, ha provocado que las empresas desvíen sus rutas, porque no le pueden fallar a sus clientes, ya que en puertos de trasbordo como Algeciras, en cuanto se avecina una inestabilidad se ven los efectos, reduciéndose los movimientos.
Manuel Morón ha señalado en el programa de la Cadena Ser Andalucía, “Surco y Marea”, que la no aprobación de un acuerdo que acabe definitivamente con este conflicto, “sigue perjudicando al puerto de Algeciras porque las empresas deben tener alternativas para no perder a sus clientes y todo el mundo sabe que la solución aún no es aún definitiva”. “La sentencia se debe aplicar y, hasta que no sea efectiva y con consenso, no se habrá resuelto el conflicto”, insiste Morón, quien considera que “las espadas se han envainando”, porque se ha rechazado el Decreto y se ha suspendido la huelga, por lo que hay un ambiente de tranquilidad para que las partes puedan negociar.
La situación de los últimos meses es fruto, según el presidente del ente portuario algecireño, de que “ha fallado la estrategia que ha elegido el Gobierno, porque se podía haber negociado con tranquilidad”. Morón justifica esta expresión recordando que la sentencia es de 2014, pero el primer requerimiento al Gobierno era de noviembre de 2011. “Se podía haber negociado con las partes y se eligió otra estrategia que fue la de presentar el Decreto por sorpresa y sin negociación, con la amenaza de las sanciones de la UE y no se valoró el impacto que para la economía del país tiene esta situación”. Un solo día de huelga equivale a más de un año de sanciones, ya que supera en los puertos los 50 millones de euros.
