El Consejo Europeo de Estibadores (EDC, por sus siglas en inglés) ha concluido su congreso celebrado en la ciudad francesa de Le Havre, un encuentro que ha tenido lugar los días 18 y 19 de noviembre de 2025 y que ha servido para definir la hoja de ruta del sindicalismo portuario a nivel continental. La asamblea ha finalizado con una declaración contundente en la que la organización expone su preocupación por el rumbo actual de las políticas portuarias en Europa y anuncia medidas de presión concretas: una gran jornada de acción y movilización programada para enero de 2026.
Este anuncio surge como respuesta a lo que el colectivo identifica como amenazas directas a la estabilidad laboral y a los derechos fundamentales de los trabajadores de los muelles. Durante las sesiones de trabajo, los representantes sindicales de diversos países europeos han debatido sobre la situación geopolítica, la transformación tecnológica de las terminales y las relaciones con las instituciones comunitarias. El documento final, que recoge las conclusiones del congreso, advierte sobre la creciente tensión entre los intereses corporativos y la protección social de los estibadores.
Uno de los puntos centrales de la declaración del EDC se refiere a la introducción de nuevas tecnologías en el entorno portuario. La organización ha manifestado su oposición a la forma en que las empresas estibadoras y las autoridades portuarias están implementando la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización. Según el criterio del consejo, estas herramientas, a menudo presentadas bajo el pretexto de la «modernización», esconden en realidad un riesgo latente para el mantenimiento de los puestos de trabajo. El sindicato sostiene que la tecnología debe servir para asistir a la labor humana y mejorar la seguridad, no para sustituir a la plantilla cualificada ni para precarizar las condiciones laborales existentes.
En el ámbito de la política medioambiental, el EDC ha aclarado su postura respecto a la transición ecológica. Si bien la organización apoya la necesidad de adoptar medidas ambiciosas para proteger el medio ambiente, rechaza categóricamente lo que denomina una «transición punitiva y tecnocrática». El consejo argumenta que ciertas normativas y exigencias ambientales se están diseñando desde despachos alejados de la realidad operativa, sin tener en cuenta el impacto socioeconómico sobre los trabajadores y amenazando la viabilidad de la actividad portuaria tal y como se concibe actualmente.
