La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) ha pedido amparo de las autoridades nacionales y europeas ante lo que califica como “chantaje” por parte de Coordinadora, a quien acusa de llevar a cabo en los últimos días una campaña de acoso a las empresas, que están sufriendo desde el lunes paros en horas alternas, con el objetivo de que éstas firmen un documento de adhesión que, afirma este colectivo, es contrario a lo legislado por el Gobierno.
PIPE denuncia que a aquellas empresas que firman el acuerdo se les permite el normal desarrollo de la actividad, incrementando los paros y ritmos lentos en aquellas que se niegan a firmar, haciendo así clara referencia a la suspensión de la huelga en puertos como Algeciras.
La Plataforma considera que el acuerdo es ilegal por no respetar lo establecido en la sentencia del TSJUE y el Real Decreto aprobado por el Gobierno y fija unas bases que mantienen el status quo anterior a la nueva ley, eliminando, una vez más, el poder de decisión y dirección de las empresas para poder controlar desde las SAGEP las condiciones laborales mediante la coacción.
La acción emprendida por Coordinadora coloca, una vez más, en situación de desventaja al conjunto empresarial, que se ve debilitado debido a las fuertes pérdidas ocasionadas por los paros ilegales, y dinamita las opciones de diálogo entre las partes.
Esta situación no es nueva, según PIPE, que asegura que en 2009 tanto Coordinadora como Anesco fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la firma de otro acuerdo que no respetaba los principios de libre competencia y al que las empresas se adhirieron bajo coacción.
Es por ello, por lo que PIPE reclama la actuación inmediata de las autoridades europeas y nacionales, para que velen por el cumplimiento de la legislación presente, y pide una mayor presencia de las mismas ante lo que es una clara violación de la ley vigente y los derechos de las compañías del sector.
