El sector pesquero andaluz se unirá el próximo lunes, 19 de enero, a la convocatoria de huelga general promovida por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) en protesta por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/2842 de Control Pesquero. Según ha informado Manuel Fernández Belmonte, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), “todos los barcos” permanecerán amarrados a puerto durante la jornada, en señal de rechazo a una normativa que, a juicio del sector, “pone en grave riesgo” la continuidad de la flota de bajura y costera, así como la seguridad en la mar y la actividad pesquera de proximidad.
La protesta responde a la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de una serie de requisitos normativos que, según las organizaciones pesqueras, resultan de difícil aplicación en determinadas tipologías de flota. Entre las principales críticas destaca la obligación de notificar la llegada a puerto con una antelación mínima de cuatro horas, una exigencia que afecta especialmente a embarcaciones que realizan mareas cortas. A ello se suma la necesidad de registrar capturas desde el denominado “kilogramo cero”, medida que las cofradías califican de “inaplicable” e “incompatible” con la realidad operativa del sector.
Fernández Belmonte ha advertido que, de no alcanzarse acuerdos satisfactorios, las movilizaciones podrían prolongarse más allá del lunes. Además, ha confirmado que a las 16:00 horas de ese mismo día se celebrarán concentraciones simultáneas en todos los puertos pesqueros del país. Estas acciones coincidirán con la reunión técnica prevista entre la Secretaría General de Pesca y la FNCP, en la que esta última expondrá sus demandas y reclamará una propuesta de solución.
La FNCP ha manifestado su rechazo al modo en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está aplicando la nueva normativa comunitaria, acusándolo de “trasladar al pescador las consecuencias de una mala interpretación” y de “invadir el criterio profesional de los capitanes”. La federación insiste en que el sector no se opone al control, pero sí a la aplicación de medidas que “provocan parálisis de la actividad, pérdidas económicas, inseguridad jurídica y un aumento del riesgo para las tripulaciones”.
