La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso de consulta pública previa de una nueva orden destinada a regular los procedimientos administrativos de la actividad acuícola en la comunidad autónoma. La iniciativa, promovida por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, contempla la actualización de los requisitos técnicos y documentales, la simplificación de los trámites y la adaptación del marco normativo a los cambios legislativos introducidos en los últimos años.
El proyecto normativo abordará los procedimientos relacionados con la solicitud de autorizaciones, la tramitación administrativa, el registro y el seguimiento de los establecimientos dedicados a la acuicultura marina y continental. Entre sus objetivos figura establecer criterios comunes para ambas modalidades de producción, así como facilitar la gestión electrónica de los expedientes.
El plazo de consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 20 de octubre, periodo durante el cual las empresas del sector, organizaciones profesionales, entidades y ciudadanos interesados podrán trasladar sus observaciones y propuestas a través del portal web de la Administración autonómica.
La directora general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Natacha Rivas, ha explicado que la elaboración de esta normativa responde a las necesidades planteadas por el propio sector acuícola, que demanda procedimientos administrativos más sencillos y adaptados a las características de su actividad.
Según ha señalado, la finalidad es «unificar criterios y facilitar los trámites tanto para las instalaciones de acuicultura marina como continental», mediante una regulación que permita ordenar los distintos procedimientos administrativos relacionados con la explotación de estos establecimientos.
Uno de los principales cambios que contempla la futura orden afecta a la acuicultura continental, cuya autorización pasó a depender de la Consejería competente en materia de acuicultura tras las modificaciones legislativas aprobadas en 2024. La nueva disposición desarrollará los procedimientos correspondientes a estas instalaciones para integrarlos en un marco administrativo común con los establecimientos de acuicultura marina.
La propuesta incluirá también la revisión de los modelos oficiales utilizados para gestionar las distintas situaciones administrativas de las explotaciones acuícolas. Entre ellas se encuentran las solicitudes de alta, las modificaciones de las instalaciones existentes, los cambios de titularidad, las prórrogas de las autorizaciones y las bajas de actividad.
Otro de los aspectos previstos es la actualización de los mecanismos de presentación electrónica de documentación y de los sistemas de información relacionados con la localización de las explotaciones. En este ámbito, la normativa contempla la incorporación de datos geográficos mediante GeoREG, herramienta coordinada con el Sistema de Información y Gestión Ganadera de Andalucía (SIGGAN).
La consulta pública previa constituye una fase del procedimiento de elaboración normativa en la que la Administración autonómica recabará aportaciones sobre los problemas que se pretenden resolver, los objetivos de la regulación y las posibles alternativas, tanto normativas como de otra naturaleza.
Las observaciones recibidas durante este periodo permitirán conocer las propuestas de los agentes relacionados con la actividad acuícola antes de continuar con la tramitación del proyecto de orden.
