La Capitanía Marítima de Las Palmas ha retenido el buque de bandera neerlandesa Marietje Deborah después de que su capitán superara el límite máximo de alcohol permitido durante un control realizado con la colaboración de la Guardia Civil. La Dirección General de la Marina Mercante ha abierto un expediente sancionador y ha fijado una garantía de 50.000 euros.
La intervención se produjo cuando el barco se encontraba preparado para salir del puerto de Las Palmas. La Capitanía Marítima había recibido previamente una comunicación de la Administración Marítima de Países Bajos en la que se advertía de un posible estado de embriaguez de uno de los miembros de la tripulación.
Tras recibir la notificación, el capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, prohibió la salida del buque y solicitó la colaboración de la Guardia Civil para realizar pruebas de alcoholemia a todos los tripulantes.
El resultado determinó que el capitán era el único miembro de la dotación que superaba el límite nacional e internacional establecido en 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La Administración marítima ordenó entonces la retención del barco e inició los trámites correspondientes para la apertura del procedimiento sancionador.
La inmovilización se mantendrá mientras se completa una inspección del Memorando de Entendimiento de París, conocida como inspección MoU. Este tipo de controles, efectuados por el Estado rector del puerto, se aplica a buques de bandera extranjera para comprobar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad marítima, condiciones laborales, prevención de la contaminación y funcionamiento de los equipos.
La inspección permitirá determinar si existen otras deficiencias a bordo, además de la detectada durante el control de alcoholemia. La autorización de salida quedará condicionada al resultado de estas comprobaciones y al cumplimiento de las medidas exigidas por la Capitanía Marítima.
Antes de que el Marietje Deborah pueda abandonar el puerto, el armador deberá depositar una garantía económica de 50.000 euros. Esta cantidad se vincula al expediente sancionador abierto por la Dirección General de la Marina Mercante y deberá abonarse con carácter previo a la salida.
Además, todos los miembros de la tripulación tendrán que someterse a una nueva prueba de alcoholemia y obtener un resultado compatible con los límites establecidos. La medida afecta al conjunto de la dotación, aunque en el primer control únicamente el capitán registró una tasa superior a la permitida.
La normativa nacional e internacional establece límites de alcohol para las personas que desempeñan funciones relacionadas con la seguridad, la navegación y las operaciones a bordo. El incumplimiento puede afectar a la capacidad de respuesta ante maniobras, emergencias o situaciones de riesgo durante la navegación.
La actuación de la Capitanía Marítima se inició a partir de la información facilitada por la propia administración del Estado de bandera. La coordinación entre las autoridades marítimas de Países Bajos y España permitió intervenir antes de que el buque abandonara el puerto de Las Palmas.
El expediente continuará su tramitación mientras los inspectores concluyen la revisión del barco. La salida dependerá del depósito de la garantía, del resultado de la inspección MoU y de que la totalidad de la tripulación supere el nuevo control de alcoholemia ordenado por la autoridad marítima.
