La organización ecologista Verdemar ha denunciado lo que considera una preocupante situación ambiental, señalando a la Junta de Andalucía como a culpable, por lo que consideran una falta de planificación y control en la gestión del agua. Entre sus denuncias más alarmantes se encuentra el corte del río Guadiaro a la altura de San Enrique de Guadiaro, supuestamente para una nueva extracción de agua del acuífero.
Además, Verdemar ha alertado sobre la transformación de más de 500 hectáreas de tierras de secano en campos de cultivo de aguacates. Este cambio, según la organización, ha tenido un impacto negativo en bosques mediterráneos, en particular zonas de “bujeos”, convirtiéndolas en áreas de regadío. Este cambio de uso del suelo está llevando a un “colapso hídrico” y a la contaminación de las aguas del último delta del Mediterráneo Oriental.
Uno de los ejemplos más notorios de este problema es la desembocadura del río Guadiaro, donde la falta de caudal impide que el río pueda romper la bocana natural. La erosión antrópica en la zona agrava la situación, y la acumulación de arena en la desembocadura está conduciendo al fenómeno de eutrofización, acelerado por el uso de fertilizantes como nitratos y fosfatos en las zonas bajas de estos ríos. Verdemar compara esta problemática con lo ocurrido en Doñana.
La falta de una planificación efectiva por parte de la Administración en la gestión del agua es un tema crucial. Según la organización, no existe una evaluación adecuada del impacto futuro de estas acciones, y se han omitido técnicas para detectar la sobreexplotación del acuífero, así como sanciones efectivas contra aquellos que operan de manera ilegal. Este vacío de control es evidente, y la situación se agrava por las continuas acusaciones cruzadas entre políticos que, según Verdemar, no abordan de manera adecuada este problema.
La llamada de atención de Verdemar Ecologistas en Acción subraya la urgente necesidad de una gestión responsable del agua en Andalucía, que considere las implicaciones ambientales a largo plazo y que aplique medidas efectivas para evitar la sobreexplotación y la degradación de los ecosistemas acuáticos de la zona.
