La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo, se ha reunido con los presidentes de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, y de la Federación Andaluza de Cofradías Pesqueras (Facope), Manuel Fernández, para analizar la situación en la que se encuentra actualmente este sector andaluz. Asimismo, el encuentro ha servido también, como ha comentado Crespo, para buscar “iniciativas conjuntas que ayuden a los profesionales de la pesca a continuar adelante con una actividad de gran tradición en nuestra comunidad”.
Entre otras cuestiones, las juntas directivas de estas entidades representativas de los pescadores han aprovechado este encuentro para presentar a la consejera y al director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez, una propuesta de campaña de promoción dirigida a poner en valor este sector. Crespo ha ofrecido su “total colaboración” a Faape y Facope para “poner en marcha esta iniciativa de forma conjunta y lograr así el mayo éxito posible”. “Los ciudadanos deben ser conscientes del esfuerzo que realizan a diario nuestros pescadores, de la importancia de su trabajo y de sus buenas prácticas porque lo que no se conoce, no existe para la sociedad”, ha subrayado.
Por otro lado, los asistentes abordaron otras cuestiones de interés para los pescadores como las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno central para compensar el alza de los costes de producción. Al respecto, la consejera ha explicado que “el precio del gasoil es uno de los principales problemas de los pescadores, que sumado a los elevados precios de los aprovisionamientos necesarios para su día a día, como el hielo o los envases, complica cada vez más la rentabilidad de las embarcaciones”.
“Las ayudas del Estado son insuficientes”, ha aseverado Crespo, que basa esta afirmación en que “la subida de los costes no se compensa con los precios del mercado, así que es preciso un mayor apoyo por parte de la Administración central para poder garantizar la viabilidad del sector que podría articularse, por ejemplo, a través de los fondos Next Generation”. “No podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos ahora para destinar recursos europeos a un sector que lo necesita”, ha recalcado la consejera, que lamenta que “hasta ahora no se hayan habilitado medidas para la pesca en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
Ámbito europeo
Respecto a asuntos comunitarios, los representantes del Gobierno andaluz y de las federaciones del sector pesquero han abordado la negociación de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y Carmen Crespo ha resaltado la necesidad de que el Estado “interceda por los profesionales del mar antes de que se apruebe la nueva PPC y ya sea tarde”.
En este mismo ámbito, la consejera ha lamentado que “España no tiene fuerza por sí misma en Europa, ni logra unir las voluntades necesarias para defender al sector pesquero como se merece en un momento tan importante como el actual, en el que la Comisión Europea se impone a través de un acto delegado para limitar la actividad pesquera en 94 áreas donde se incluyen caladeros históricos como el Golfo de Cádiz”. “A pesar del voto en contra de España e Irlanda y de no haber consultado al sector, Europa va a castigar injustamente a los pescadores andaluces, que no dañan los caladeros porque son responsables y llevan a cabo una labor sostenible”, ha afirmado Crespo, quien considera que “es la prohibición de faenar en los caladeros lo que provocaría alteraciones en las pesquerías, ya que las embarcaciones se verían obligadas a concentrarse en las mismas aguas”.
En su firme defensa del sector andaluz, la consejera se ha mostrado contraria a que “se imponga la sostenibilidad ambiental sobre otras dos cuestiones que son también igual de relevantes: la viabilidad económica y su vertiente social”. Carmen Crespo ha añadido que “no se pueden bloquear caladeros históricos sin conocer la opinión del sector, sin informes científicos que avalen las decisiones y sin tener en cuenta la repercusión de esas decisiones en la economía y la sociedad de los territorios que dependen de la actividad pesquera”. Por esta razón, los técnicos del Gobierno andaluz están llevando a cabo una batimetría de las aguas profundas afectadas por los cambios que propone Europa cuyos resultados, como ha explicado la consejera, “se pondrán a disposición del sector y se trasladarán al Ministerio con el fin de que los haga llegar a la Comisión, donde parece que no conocen nuestros caladeros ni nuestra forma de pescar”.
