La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ultima un nuevo método de gestión de los fondos de pesca que permitirá resolver y pagar las ayudas que no conlleven inversiones en menos de cuatro meses desde que se presentan las solicitudes.
Con este plan de actuación, el Gobierno andaluz lo que pretende es agilizar la tramitación de las ayudas para abonarlas “en tiempo récord” y, de esta forma, apoyar al sector pesquero andaluz contribuyendo a disponer de liquidez en unos momentos de especial dificultad a causa de la escalada de los costes de explotación, como el gasoil que casi ha duplicado su precio o la electricidad, y del efecto de la guerra en Ucrania.
El nuevo método de gestión de los fondos pesqueros contempla varias medidas. Así, por primera vez se va a poner en marcha una ventanilla electrónica para facilitar al sector la tramitación de la documentación necesaria para solicitar las ayudas. Además, en el caso de los tripulantes, sus ayudas se van a gestionar mediante concurrencia no competitiva para, de esta forma, evitar trabas y esperar innecesarias.
Movilizar todos los fondos disponibles
A lo largo de estos dos años de prórroga del Fondo Europeos Marítimo y de Pesca (FEMP), el Gobierno andaluz va a poner a disposición del sector pesquero todo el presupuesto disponible a través de distintas convocatorias de ayudas de carácter bianual. En total, 64 millones de euros que incluyen los 10 millones adicionales para Andalucía, gracias a cumplir con la UE en la gestión de estos recursos comunitarios.
Con el objetivo de aprovechar cada céntimo de estos 64 millones de euros, la consejería que dirige Carmen Crespo y las organizaciones pesqueras han acordado establecer un calendario de convocatorias con la finalidad de que el sector sepa de antemano cuándo van a lanzarse, sean previsores y puedan tener toda la documentación preparada. El objetivo último es que los 64 millones del FEMP queden en manos del sector.
En esta línea, las organizaciones pesqueras van a reclamar al Gobierno de España la implantación de medidas que ayuden a los pescadores de todo el país a hacer frente al incremento de los costes, que ponen en peligro la rentabilidad de un sector del que dependen más de 20.000 familias andaluzas y que arrastra las consecuencias de los recortes de las posibilidades de pesca impuestas por la Unión Europea para la flota del Mediterráneo y del Golfo de Cádiz.
